El Cairo, 6 de febrero. Representantes de la oposición y personalidades independientes de Egipto acordaron hoy con el vicepresidente Omar Suleiman crear un comité para preparar enmiendas a la Constitución antes de la primera semana de marzo. Además, se convino poner fin a la Ley de Emergencia, vigente desde hace 30 años.

Según el vocero gubernamental, Magdi Radi, hubo un consenso sobre la formación de un comité que contará con el poder judicial y cierto número de personalidades políticas, para estudiar y proponer las enmiendas constitucionales y legislativas que se requieren antes de la primera semana de marzo.

Agregó que los participantes en la reunión se pusieron de acuerdo sobre una transición pacífica del poder con base en la Carga Magna.

En las conversaciones participaron algunos grupos que han estado presentes en las manifestaciones desde el 25 de enero para exigir la renuncia del presidente Hosni Mubarak, así como la Hermandad Musulmana.

Como primer paso, el gobierno anunció que iniciará una investigación sobre los ataques a los manifestantes que exigen la dimisión de Mubarak, ante la sospecha de que pudieron haber sido orquestados por funcionarios.

El gobierno y la oposición también acordaron analizar la expansión de la libertad de información en Internet y los controvertidos resultados de las elecciones parlamentarias de fines del año pasado.

El gobierno accedió otorgar un papel más importante a la juventud en la política y a emprender esfuerzos para luchar contra la corrupción, informaron medios estatales.

De acuerdo con la agencia de noticias china, Xinhua, Suleiman convino con la oposición poner fin a la Ley Estatal de Emergencia, vigente desde hace 30 años, siempre y cuando la situación de seguridad lo haga posible. Xinhua no citó la fuente de su reporte.

La Ley de Emergencia ha estado en vigor desde 1981, después de que presidente Anwar el-Sadat fue asesinado por Jihad Islámica Egipcia, que se opuso al tratado de paz entre Egipto e Israel en 1979.

La ley, que el Parlamento extendió otros dos años más en mayo pasado, otorga a las autoridades el derecho a arrestar a presuntos terroristas y traficantes de drogas, inspeccionar personas y lugares involucrados en esos crímenes, cancelar licencias para posesión de armas o de materiales explosivos y confiscarlos.