El costo de la canasta básica se incrementó 70 por ciento en la pasada década, mientras los salarios perdieron 26 por ciento de su valor adquisitivo en el mismo periodo, y en lo que va de la presente administración, 2.5 millones de personas perdieron su empleo, esta situación pone en riesgo la estabilidad social del país, asentó el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Gerardo Sánchez García.

Convocó al gobierno a sensibilizarse ante las alertas emitidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sobre una crisis alimentaria mundial, que ya ha provocado motines de hambre en Asia, África y Centroamérica. “Las naciones desarrolladas se están blindando ante ello, en el país el gobierno no escucha las voces que demandan la creación de una reserva técnica de alimentos y ahora pretende firmar un tratado de libre comercio con Brasil y acuerdos comerciales con Colombia y Perú, sin considerar que eso pone en peligro al sector agropecuario”.

En 10 años, los campesinos han sufrido las consecuencias por la aplicación de políticas gubernamentales incongruentes, inconsecuentes y agresivas que han sembrado pobreza, migración y desempleo. Por eso es imperativo impulsar una política con visión de Estado, que entienda que el acceso a alimentación, desarrollo del mercado interno y del sector primario son medidas de seguridad nacional y soberanía alimentaria.

La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos asentó que por los aumentos en los precios de los alimentos, con un salario mínimo sólo alcanza para consumir cuatro kilos de tortilla o tres de frijol o cuatro litros de leche, mientras los costos de producción agrícola se incrementaron entre 50 y 70 por ciento. La política rural en cuanto a la producción de alimentos es un fracaso. Se importa 60 por ciento de los granos, 90 por ciento de la oleaginosas y se sujeta al pueblo a los intereses de las grandes trasnacionales que acaparan los alimentos y que son beneficiadas con los subsidios gubernamentales.

El alza constante del diesel también impacta en los costos de producción de todos los alimentos, pues en 35 por ciento de los sembradíos se usa maquinaria. Los gastos para la siembra de maíz y otros granos será del doble de la inflación proyectada.

Luis Alberto Cruz García, director de AVQ Consultoría Integral, apuntó que la mayoría de los habitantes de zonas rurales perciben ingresos de entre 15.4 y 20.9 pesos diarios, lo que impide cubrir sus necesidades básicas, hoy día 35 por ciento de la población de 18 estados presenta índices de pobreza alimentaria.

La desnutrición no es privativa de zonas rurales de Oaxaca o Chiapas, pues se ha extendido a Sonora y Sinaloa –considerados con un alto nivel de desarrollo– y la zona metropolitana de la ciudad de México. Datos de la Secretaría de Desarrollo Social indican que 53.7 por ciento de la población no puede satisfacer sus necesidades más apremiantes.

Manuel Villa Issa, investigador del Colegio de Posgraduados, asentó que se deben desarrollar nuevas tecnologías para producir alimentos y cambiar la política agropecuaria actual, la cual fue diseñada en un entorno mundial de precios bajos y estables. En 2006 inició el incremento del precio de los alimentos, en 10 años, el costo del maíz aumentó 85 por ciento; el trigo, 102, el arroz 109 por ciento, entonces muchos países empezaron a incrementar su producción interna, en cambio, en México las políticas agrícola y económica no han sido propicias para estimular ese proceso y se ha desmantelado la infraestructura productiva del campo.