El delito de trata de personas se encuentra en vías de ser equiparado con el secuestro, y su práctica será castigada con severidad, para evitar que los delincuentes que cometen ese ilícito alcancen la libertad.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló una reforma a los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política, en materia de trata de personas, porque México se ubica entre los cinco primeros países con mayor incidencia de ese delito.

Juventino Castro y Castro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, refirió que la expedición de una ley general de trata de personas permitirá a los ciudadanos contar con un instrumento jurídico adecuado.

La trata de personas se incorporará a los delitos en los cuales el juez declare oficiosamente la prisión preventiva cuando el imputado esté siendo procesado, porque su delito produce una afectación social, y por el riesgo de que el sujeto activo se sustraiga de la acción de la justicia.

Se resguardará también la identidad y datos personales de las víctimas, con el propósito de que se cumpla el proceso penal con las medidas de seguridad necesarias.

El diputado Castro y Castro subrayó: “es importante que tengamos una base constitucional para contar con la ley secundaria, e inclusive efectuar las reformas correspondientes al Código Penal. Las modalidades de trata de personas que no se habían considerado ahora podrán abordarse en leyes secundarias.

La panista Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Especial de la Lucha contra la Trata de Personas, señaló la importancia de una ley general en la materia, porque no es una manifestación circunstancial “que afecta a unas cuantas personas, sino que repercute en las estructuras de los estados, en el tejido social y económico, así como en las organizaciones sociales.

El texto de la reforma aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales el día de ayer establece también que estamos frente a un fenómeno socio-delictivo, que no ha sido frenado por la insuficiencia de los diversos ordenamientos jurídicos vigentes, por la agudización paulatina de la globalización y el desarrollo tecnológico, además de que convergen en él factores de carácter económico, social, de delincuencia organizada y corrupción.

Por otra parte, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación aprobó citar a comparecer al contralor del Instituto Federal Electoral (IFE), Gregorio Guerrero Pozas, para que explique el destino de los subejercicios presupuestales del instituto, que alcanzaron 348 millones de pesos, y cuyo destino debió ser la Tesorería de la Federación.