El único responsable del conflicto por la supervía poniente es el Gobierno del Distrito Federal, ya que, por una parte, violó la normatividad en el proceso de construcción y, por la otra, mostró incapacidad de negociación política para dialogar con los vecinos que se oponen a la obra, afirmó el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.

De eso es responsable el gobierno; nosotros simplemente lo estamos señalando, como supervisores que somos de la acción de las autoridades, le estamos diciendo: tú eres responsable de que se violaron estas normas, de que el proceso político no funcionara, subrayó.

En entrevista con La Jornada señaló que desde la perspectiva de los derechos humanos no hay razones que justifiquen un eventual rechazo de la administración local a la recomendación 1/2011 emitida por ese caso, por lo que las autoridades deberán suspender la obra en tanto no reparen el daño por las violaciones a las garantías individuales de los opositores a la vialidad.

Nosotros vamos a valorar la respuesta y sólo en el caso de que (el gobierno) justifique que es razonablemente incumplible la recomendación se aceptaría la negativa, aunque en este caso en específico, consideró, es muy difícil que haya elementos en ese sentido.

Manifestó que la suspensión de los trabajos “no es un capricho del ombudsman, sino que se basa en una investigación sólida y concienzuda, en la que se concluyó que ésa es la única manera de resarcir las violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades”. No descartó coadyuvar con los vecinos que se oponen a la vialidad en caso de que decidieran acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Trabajadores continúan con la demolición de viviendas en la zona donde pasará la supervía poniente, en la delegación Magdalena ContrerasFoto Cristina Rodríguez

Nosotros le dimos muchas vueltas, no tiene sentido que yo no te pida la suspensión (de los trabajos) porque en el fondo del tema están precisamente las posibles afectaciones al medio ambiente, que es la materia de la consulta.

A unas horas de que venza el plazo para que el gobierno responda si acepta o no la recomendación, González Placencia dijo que la finalidad de la consulta no es poner a votación una obra, sino que se trata de un ejercicio cualitativo, que busca resolver las dudas que existan sobre el proyecto, por qué es la mejor propuesta para solucionar la problemática de movilidad en el surponiente de la ciudad y cómo afectará la vida de los vecinos.

Es lo mínimo que uno le exigiría a cualquier gobierno democrático; no se trata de pararle sus decisiones. El tema es que se puedan rendir cuentas de los efectos que esas decisiones tienen, expresó González Placencia.

El ombudsman capitalino negó haber sido presionado por los peticionarios para emitir la recomendación en los términos que exigían los vecinos, pero aceptó que sí se les consultó y se les pidió su opinión sobre la misma antes de hacerla pública, como se hace en todos los casos, así como con el Consejo de la CDHDF.