Tijuana, BC, 10 de febrero. El ayuntamiento de Tijuana interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Congreso de Baja California, por la cancelación de horas extras y restricción de horarios en bares de la localidad, y contra el gobierno del estado por ordenar la publicación de las reformas en el Periódico Oficial.

El secretario del ayuntamiento, Roberto Alcides Beltrones Rivera, señaló que con este recurso judicial se busca enfatizar las facultades constitucionales del cabildo para autorizar las horas extras de los bares de la ciudad, así como para hacer respetar los permisos de operación de los establecimientos comerciales.

Queremos que los ciudadanos también participen, que no sea una decisión de 25 gentes (los diputados locales) o del gobernador (Guadalupe Osuna Millán) sin tomar en cuenta a los municipios, dijo Beltrones Rivera.

El director de gobierno de Tijuana, Obed Silva, afirmó que se perpetró un agravio jurídico contra los cinco ayuntamientos de Baja California, pues el Congreso estatal violó el procedimiento legislativo previsto en el artículo 30 de la Constitución local, el cual estipula que se debe dar audiencia a las administraciones municipales cuando consideren que algún asunto les afecta.

Obed Silva recordó que el 27 de diciembre anterior el diputado panista Maximino García presentó la iniciativa de reforma de la Ley para la Venta, Almacenaje y Consumo Público de Bebidas Alcohólicas que un día después, sin consultar a autoridades municipales, se aprobó en tribuna.

García dijo que la modificación era necesaria por el incremento de muertes violentas vinculadas con el consumo de alcohol en los cinco municipios del estado.

En Tijuana se han emitido unos 3 mil permisos para bares.