éxico abre formalmente las puertas a la política neoliberal a partir de la firma del TLC con Canadá y Estados Unidos; el preámbulo para los millones de campesinos agrupados en unidades productivas, como es el ejido, se dio con la reforma al artículo 27 constitucional y con una restructuración del sector agrario cuyo propósito era abrir la inversión privada en las tierras tuteladas por el Estado, privatizando la propiedad social. Las consecuencias sociales que tuvo para el campesinado han sido determinantes, al incrementarse la pobreza en el país a casi la mitad de la población.

Como es de todos conocido, el movimiento insurgente de los zapatistas irrumpió a través de la lucha armada el rechazo a este modelo neoliberal y a demandar la restitución de las tierras y territorios de los pueblos indígenas, enarbolando la defensa de sus derechos colectivos firmados en un tratado internacional de carácter vinculante como es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que se ratificó en 1990, antes de la reforma agraria dos años después.

El proceso de certificación de los ejidatarios para adquirir el dominio pleno sobre sus parcelas, con la posibilidad de la venta de sus terrenos a la inversión privada instrumentado a través del Procede, fue acogido por los ejidatarios de Baja California para desprenderse de tierras que difícilmente sin capital se pudieran hacer productivas, por el alto costo de los créditos y la falta de subsidios por las instancias gubernamentales.

Mas el círculo de la privatización no se ha podido cerrar en aquellas tierras que están en manos de los pueblos indígenas nativos en la entidad, los cucapás, kumiais, paipais y kilihuas, quienes se asientan en 10 comunidades en una superficie de 327 mil hectáreas. Distribuidas en los municipios de Mexicali, Tecate y Ensenada, en esta última se localizan seis de estas comunidades. Y cuyo régimen de propiedad comprende cuatro ejidos, tres en bienes comunales y dos comunidades de hecho.

Con conflictos agrarios en donde destacan resoluciones presidenciales dotadas parcialmente, problemas de linderos y el despojo total de sus tierras por particulares, problemática que data desde hace más de 50 años. Dada su cosmogonía, la identidad de estos pueblos se sustenta en la relación con sus territorios y sus recursos naturales, por lo que su lucha está encaminada más que al desprendimiento de sus propiedades a la restitución de las tierras y a la protección y aprovechamiento de sus recursos naturales.

El potencial de recursos naturales como son el agua, la tierra y los minerales, con altas montañas al filo de las principales sierras, hoy es de gran interés para diversas empresas trasnacionales, y particularmente para las firmas empresariales que se dedican a la producción de energías renovables como es el caso de la solar y la eólica.

La estrategia implementada por este tipo de empresas, coludidas con las autoridades agrarias, es aprovechar los niveles de pobreza en que se encuentran, estimulando la venta de los derechos agrarios y certificados posteriormente por la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional; el amarre con grandes sumas de dinero a las autoridades de las comunidades, realizando contratos sin conocimiento alguno de los derechosos indígenas; la depuración de los censos agrarios so pretexto de que no cumplen con el reglamento del ejido o de la comunidad, etcétera.

En el caso de las trasnacionales de energía eólica, que tiene interés por convenir y garantizar una superficie que les permita instalar sus aerogeneradores, han logrado sustantivos avances con el compromiso de garantizarles empleos permanentes y financiar acciones en el ámbito de la producción, el desarrollo social y fortalecer sus rasgos culturales. Por ejemplo: Cucapah Development ha logrado como aliado a las autoridades de Cucapa El Mayor para que en su territorio se invierta en el Parque de Energía Eólica de la Laguna Salada; Cliper Wind Power, quien hizo acuerdos con la autoridad de Juntas Nejí y Anexas, municipio de Tecate, de origen kumiai y que han venido solicitando información a las autoridades agrarias en relación con un supuesto convenio sancionado por éstas; la construcción del Parque de Energía Eólica de Sierra Juárez, cuyo proyecto está perfilado para usufructuar más de 250 mil hectáreas. Y que se complementa con un acuerdo realizado entre APA Wind con la comunidad indígena paipai de Misión Santa Catarina, en el municipio de Ensenada, donde existe un reclamo de los comuneros por conocer a qué tipo de acuerdos se comprometió la autoridad, y los beneficios que se supone tendrán. Por último, se tiene conocimiento de que existe otra empresa que está tratando de convenir con el ejido Tribu Kilihuas, en donde también existe desconocimiento por parte de los indígenas sobre los alcances del proyecto.

Un ejecutivo de la APA, Michael Felloni, dijo que su compañía alcanzó un acuerdo con las empresas mexicanas CISA e Intavan para comenzar a desarrollar los proyectos en las inmediaciones de la Misión Santa Catarina Paipai, unos 100 kilómetros al sur de la frontera.

Felloni dijo que hay un mercado potencial de 100 mil millones de dólares en Baja California, de donde incluso de ser necesaria la electricidad generada por fuerza eólica en México se distribuiría a otros estados. De ese tamaño es la ambición de los nuevos filibusteros.