Por pretender vender en 220 mil pesos una plaza sindicalizada en Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó con 220 mil pesos e inhabilitó por 10 años de la administración pública federal a Abel Neri Mendoza Torres, operador del complejo petroquímico Morelos, en Coatzacoalcos, Veracruz.

El servidor público celebró con la compradora de la plaza, Mariela Baranda, un contrato de compra-venta, en el cual Neri Mendoza recibiría 70 mil pesos al iniciar los trámites, posteriormente otros 40 mil y el resto se liquidaría una vez que se firmara la cesión de la plaza.

Además de las partes que celebraron el contrato, Marco Antonio Vázquez Cházaro y Leonor Hernández Rodríguez, firmaron como testigos de la operación, según consta en la copia del documento en poder de La Jornada. 

En el convenio, Neri se comprometía a devolver el dinero en caso de que no se entregara la plaza. Las negociaciones se iniciaron en 2009.

Otros documentos que se integraron a la indagatoria que efectuó la SFP son: un recibo donde consta que el trabajador de Pemex recibió 70 mil pesos de Baranda, así como diversas fichas del dinero que la compradora depositó en la cuenta de Neri Mendoza en una institución financiera, por diversos montos.

La indagatoria que inició la SFP se realizó con el apoyo de los directivos tanto del complejo petroquímico, como de las oficinas centrales de Pemex.

Aunque al final no se concretó la venta, la cual se llevaría a cabo en 2009, el comprador de la plaza definitiva realizó dos pagos adicionales por un monto total de 40 mil pesos. El servidor público ahora destituido obtuvo por esa transacción un beneficio económico de 110 mil pesos.

Por el incumplimiento, la compradora presentó una denuncia ante la procuraduría estatal de Veracruz.

Neri Mendoza Torres, de 36 años, estaba contratado como operador de segunda planta, nivel 15, y se encontraba sindicalizado, luego de tener una antigüedad de 17 años.