El despido de Carmen Aristegui de MVS Radio, por sugerir que la Presidencia debía aclarar el supuesto alcoholismo de Felipe Calderón, no sólo es un atentado contra la libertad de prensa, sino también un acto de violencia de género que limita la participación de las mujeres en cargos directivos en los medios de información.

Así lo advirtieron las diputadas perredistas Teresa Incháustegui y Leticia Quezada, quienes en conferencia de prensa exigieron la restitución inmediata de la comunicadora en su espacio radiofónico, así como una explicación completa de Los Pinos sobre el papel que desempeñó en este tema.

Durante el acto, la presidente del Consejo ciudadano por la equidad de género en los medios de comunicación, Lourdes Barbosa, leyó un comunicado en el que decenas de organizaciones sociales calificaron lo ocurrido con Aristegui como un acto de violencia institucional de género, que transgrede el artículo 18 de la Ley Federal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El posible acto de censura del mandatario también habría faltado a los acuerdos de la cuarta Conferencia Mundial de Beijing, firmados y ratificados por México, que pugnan por el acceso de las mujeres a espacios importantes en los medios.

De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, resaltó Barbosa, sólo 7 por ciento de las concesiones en medios electrónicos están en manos de mujeres, como concesionarias, directoras o gerentes. Además, el género femenino enfrenta condiciones de precariedad particularmente difíciles en el gremio periodístico.

Incháustegui, presidente de la Comisión especial sobre feminicidios de la Cámara de Diputados, resaltó que el de Aristegui era uno de los pocos espacios donde se abordaban con inteligencia y sentido crítico muchos temas sensibles que ignoraban otros periodistas, por lo que anunció que se está considerando interponer una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por su parte, Quezada llamó al Congreso a discutir cuanto antes una nueva ley de medios que permita a diversos sectores sociales tener espacios de expresión, y en esa medida evitar que sólo los empresarios tengan acceso a ellos.

Ambas legisladoras coincidieron en que si no se frena el ataque contra Carmen Aristegui, estaríamos ante un retroceso muy grave de la democracia en el país, en el que el Presidente sigue controlando a su gusto las concesiones del espectro radioeléctrico y los periodistas no se atreven a cuestionar de fondo a las autoridades.