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Acerca del diferendo con Francia

Y

o no sé a ciencia cierta si Florence Cassez es culpable de los secuestros de los que se le acusa. Presumo que sí lo es, con base en el juicio que se le hizo y pese, desde luego, al muy desafortunado y falso montaje que de su aprehensión realizó nuestra inefable policía.

Ésa es una cuestión. La otra es la posición bochornosa del gobierno francés. Hasta donde entiendo, éste no basa sus reclamos en la presunción de inocencia de la acusada, sino en el alegato en el sentido de que México no respeta los términos de la Convención de Estrasburgo y se niega a entregarla a las autoridades francesas para que sea en territorio francés donde cumpla su sentencia.

Esto quiere decir que Francia, al menos por lo pronto, acepta la presunción de culpabilidad de Cassez, lo que implica que está dispuesta a hacerle un homenaje a una presunta criminal, bajo bandera ajena: la de México, en una clara y soberbia actitud de desprecio absoluto hacia el Poder Judicial mexicano.

Pobre Francia, a qué gran ridículo la ha expuesto su patético presidente.

Fernando del Paso

Aclaración de José Valencia

A partir de uno de los cables filtrados por Wikileaks, que en sí es inexacto, la periodista Gabriela Fonseca, en un artículo publicado el domingo 13 de febrero, hace interpretaciones fuera de contexto y da cuenta de un hecho que nunca tuvo lugar durante mi gestión como viceministro de Relaciones Exteriores.

En el contexto de los preparativos de la reunión de cancilleres de la OEA luego del bombardeo de Colombia al territorio de Ecuador el primero de marzo de 2008, me entrevisté con el señor Jefferson Brown, consejero de la embajada de Estados Unidos en Quito. Éste me preguntó con respecto a noticias que daban cuenta de posibles nexos ecuatorianos con las FARC –tras la incautación de las computadoras del fallecido Raúl Reyes– y sobre las duras críticas hechas por funcionarios ecuatorianos en contra de Estados Unidos luego del bombardeo.

Le indiqué al señor Brown que los supuestos nexos eran especulaciones que el gobierno rechazaba, que el presidente Correa había dicho con claridad que se sancionaría a quien eventualmente tuviera contactos con los irregulares, y que las críticas contra Estados Unidos eran explicables en razón de interrogantes sobre el bombardeo que aún no se habían despejado. En ningún caso, como no podría ser de otro modo, califiqué o puse adjetivos a las declaraciones del presidente Correa.

Sí observé que, en esos momentos, había que trabajar para que las relaciones entre los dos países no se deterioraran adicionalmente. Ello no implicaba ninguna contradicción con la posición oficial del país. Era antes bien coincidente con la política del gobierno ecuatoriano de mantener una buena relación con Estados Unidos, que atienda a los intereses de ambas partes, en un marco de respeto mutuo. Reiteré este enfoque teniendo en cuenta que, además, se realizaría una reunión clave de cancilleres de la OEA pocos días después.

Ecuador buscaba asegurar una condena al bombardeo colombiano en la reunión de cancilleres de la OEA, convocada para el 17 de marzo de 2008. Con miras a tal encuentro y por instrucción de la ministra, en efecto solicité una cita entre la canciller María Isabel Salvador y la secretaria de Estado (o su alterno, porque no era seguro que estuviera en Washington). La entrevista tenía como finalidad que la canciller expusiera a su contraparte estadunidense la posición de Ecuador y evitar que Estados Unidos obstaculizara la adopción de una resolución condenatoria. Se encaminaron gestiones con las cancillerías de todos los países miembros de la organización.

A nadie escapa que la resolución de los cancilleres de la OEA tenía una relevancia particular al representar la expresión oficial del mayor mecanismo regional que, llegado el caso, podría ser incluso de gran utilidad en el curso de una eventual reclamación ante un tribunal internacional. La resolución fue finalmente adoptada por unanimidad y, al rechazar el irrespeto a la soberanía de Ecuador, determinó que Colombia violó el derecho internacional.

La periodista Fonseca señala que requerí y sostuve un encuentro formal con una funcionaria de la OEA (la señora Giselle López) antes que se reuniera con otros funcionarios nacionales. Nunca solicité nada parecido. Tal reunión no tuvo lugar.

Confío en que la orientación y rigor periodístico de La Jornada permitan la publicación de estas aclaraciones, que las hago a título personal, junto a la versión por Internet del artículo de la señora Fonseca.

José Valencia, ex viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador

Fe de erratas

En la nota publicada el pasado 12 de febrero titulada Embajador mexicano informaba a EU sobre negociaciones Bogotá-ELN, confirman cables se comete una imprecisión: el diplomático aludido por los documentos de Wikileaks, Andrés Valencia, no se reunió con el embajador Tony Garza, quien a la sazón fungía como representante de Washington en México, sino con su homólogo en Bogotá. El resto de la información es consistente con el cable citado. (http://bit.ly/gkFoB1)

Por otra parte, en una nota del 13 de febrero referida al ataque colombiano contra la localidad ecuatoriana de Sucumbíos se afirma, equivocadamente, que días después de ese suceso el entonces viceministro ecuatoriano del Exterior, José Valencia, solicitó un encuentro formal con la representante en funciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), Giselle López. Lo que afirma el documento aportado por Wikileaks es, en realidad, que Valencia “pidió formalmente un encuentro entre la ministra del Exterior de su país, María Isabel Salvador, y la secretaria o alguno de los subsecretarios (de Estado de Estados Unidos, se permite entender en el contexto). (http://bit.ly/hfUVSi)

Ofrecemos una disculpa por ambas equivocaciones a Andrés Valencia Benavides, a José Valencia y a los lectores. Los documentos fuentes pueden consultarse en: http://bit.ly/ihg7O0, http://bit.ly/hYzISN

Invitación

Mesa redonda

Mesa redonda sobre el regreso de Carmen Aristegui. Hoy a las 12 horas en el Club de Periodistas (Filomeno Mata 8, Centro). Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión.