La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó a la Cámara de Diputados el resultado de la revisión a la Cuenta Pública 2009, y detalló que del proceso de fiscalización practicado al gobierno federal, los entes autónomos y los gobiernos de los estados, se iniciaron 34 procesos legales por probables desvíos de recursos. De nuevo, como ocurrió en los dos años anteriores, no se integró en el informe el monto del probable daño al erario, debido a que posteriormente hay recuperaciones y la cifra final varía.

El titular de la ASF, Juan Manuel Portal, comparó los resultados durante su estancia en el cargo con las escasas acciones de su antecesor, Arturo González de Aragón, en 10 años al frente de la Auditoría, pues esos 34 procesos casi equivalen a los que se promovieron en una década.

Portal aseveró que en el ejercicio de los recursos públicos prevalecen prácticas poco transparentes. De las observaciones al gobierno federal entre los años 2001 y 2008 se recuperaron 37 mil 795 millones de pesos, mientras de la cuenta presentada ayer se recobraron 6 mil 654 millones.

En lo que concierne a las denuncias de hechos, es de relevancia señalar que, como resultado de una mayor profundidad de las revisiones practicadas, así como de la aplicación de mejores técnicas de auditoría, se incrementó el número de denuncias promovidas, las cuales, como se señaló, ascendieron a 34 tan sólo en la fiscalización de la Cuenta Pública 2009, cantidad de denuncias que equivale a un número cercano a las que en total ha promovido la ASF durante sus 10 años de existencia.

También colocó sobre la mesa una larga lista de propuestas de reformas constitucionales y legales que el Poder Legislativo debería impulsar para fortalecer la política de fiscalización:

Eliminar la limitante para la promoción de acciones, en las auditorías sobre el desempeño; adelantar, gradualmente, el plazo de presentación de la Cuenta Pública para llegar al último día hábil de febrero; iniciar la fiscalización el primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal; realizar revisiones preliminares durante el ejercicio en curso, como parte de los trabajos de planeación; realizar evaluaciones de los informes trimestrales, con recomendaciones preventivas; llevar a cabo, de manera directa, las revisiones de situación excepcional; presentar los informes, de manera individual, conforme se vayan concluyendo las auditorías (no hasta el 20 de febrero); promover que las sanciones a los servidores públicos sean aplicadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Pedro Vázquez, coordinador del Partido del Trabajo en San Lázaro, consideró indispensable avanzar en aclarar la opacidad.

No podemos concebir que esta Cámara de Diputados apruebe las partidas de gasto y mediante lagunas legales y manejo discrecional el Ejecutivo federal tenga subejercicios, los cuales en muchos de los casos son para apoyar las campañas electorales a favor de su propio partido... hemos insistido en que debemos revisar las percepciones de los funcionarios; en un país como el nuestro, con tantas carencias, es obsceno que la administración pública federal se perciban salarios exorbitantes, apuntó.

También la presidenta de la Comisión de Vigilancia, la perredista Esthela Damián Peralta, se sumó a la necesidad de cerrar el paso a la corrupción.

Es nuestra responsabilidad analizar este informe de manera objetiva e imparcial y lograr que este proceso promueva un aumento de la eficiencia del gasto público, la consecución de los objetivos de los programas federales, el combate a la corrupción y las irregularidades que son problemas que lastiman a la sociedad, dijo.

El vicecoordinador pevemista, Pablo Escudero Morales, calificó el informe de resultados de “tablero de control para la toma de decisiones, supervisión y control presupuestario que deberíamos ejercer.

Llevamos más de un año investigando la corrupción que existe en el Fideicomiso del Bicentenario y en el Turissste; encontramos más de 94 observaciones al ISSSTE; y todo esto bajo la complacencia de la Secretaría de la Función Pública, que también tiene 30 observaciones. La Secretaría de Hacienda también participó en este fideicomiso y registra 73 observaciones.