Los abogados de Florence Cassez en Francia y México insistirán ante autoridades consulares y diplomáticas mexicanas que, con base en el tratado de Estrasburgo, se transfiera a la ciudadana francesa a una prisión de su país de origen para que ahí cumpla su sentencia de 60 años de cárcel.

Fuentes jurídicas cercanas a los abogados de Cassez informaron ayer a La Jornada que, debido a que la mujer agotó en los tribunales mexicanos los recursos para su liberación, los litigantes propondrán, como medida necesaria para zanjar la crisis diplomática entre los gobiernos de ambos países, qie el gobierno del presidente Felipe Calderón autorice la repatriación de Cassez.

No es la primera vez que la defensa y los padres de Cassez piden que se aplique el tratado de Estrasburgo. En marzo de 2009, durante la visita del presidente francés, Nicolás Sarkozy, a México, los mandatarios de ambos países dejaron en manos de una comisión binacional la decisión de extraditar a Cassez.

Meses después, Calderón determinó que, como el derecho francés no puede garantizar la condena que se impuso a Cassez, México optó por no repatriarla, porque sería una especie de denegación de la justicia.

Desde la perspectiva del gobierno de Francia, la condena impuesta Cassez es una cadena perpetua, lo que afecta las garantías constitucionales que le otorga el Estado francés por ser originaria de aquel país.

En Francia no existe la acumulación de penas, por lo que a un sentenciado se le impone la condena más alta de cualquiera de los delitos que cometa.

En tanto, las autoridades penitenciarias del Gobierno del Distrito Federal ordenaron reforzar la seguridad de Florence Cassez para evitar que pueda ser agredida o se atente contra su vida en el penal femenil de Tepepan.