Ciudad Juárez, Chih., 16 de febrero. La orden de aprehensión que un tribunal de casación dictó contra Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesino confeso de Rubí Marisol Frayre, y presunto autor intelectual del homicidio de Marisela Escobedo, actualmente prófugo, quedó suspendida de manera provisional por un recurso de amparo que interpuso Joel Hernández Meneses, defensor de oficio del inculpado, a quien se sentenció a 50 años de prisión.

El gobernador César Duarte Jáquez dijo, al enterarse de la solicitud de amparo para Barraza Bocanegra, que los defensores de oficio no son para sacar a asesinos de la cárcel. Afirmó que en el caso del crimen de la menor Rubí Marisol han ocurrido hechos lamentables, bochornosos, en los que sin duda la aplicación de la ley se dará en rigor, y es una burla que hayan solicitado un amparo para Sergio Rafael Barraza Bocanegra.

Según el mandatario estatal, un defensor de oficio no se puede constituir a ultranza en el abogado de un asesino, sino que su función es garantizar un juicio justo y que sea precisamente ahí donde se resuelva, cumplidos los términos que la ley otorga al procesado.

Los magistrados José Luis Gómez Molina, María Teresa Zambrano Calero y Artemio Hernández González, del tribunal colegiado del decimoséptimo circuito, conocerán del recurso de amparo que interpuso Barraza Bocanegra.

El abogado de oficio Meneses Hernández aseguró, por su parte, que el tribunal de casación que invalidó la sentencia absolutoria que los jueces Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Nezahualcóyotl Zúñiga –hoy sometidos a juicio político– emitieron en favor de Sergio Barraza, cometió agravios constitucionales que sólo el tribunal colegiado de circuito podrá corregir debidamente y resolver conforme a derecho.

Aparte, la Defensoría Pública de Chihuahua recaba pruebas para denunciar ante la Contraloría del Estado al abogado Joel Meneses, informó el director del organismo, Jorge Neaves Chacón. Indicó que se busca que el defensor de oficio explique por qué inició la defensa de un prófugo de la justicia, sentenciado a 50 años de cárcel.

De su lado, el abogado Maclovio Murillo, defensor de los jueces Ochoa, Boudib y Zúñiga, afirmó que éstos no se esconden ni están desaparecidos, solamente están fuera del estado de Chihuahua en un lugar seguro, desde donde ejercen a cabalidad su derecho a la autodefensa, lo cual lo realizan con una estrategia muy bien pensada y definida paso a paso, administrando el litigio, para dar el tiempo necesario a que una entidad realmente autónoma, como es el Poder Judicial de la Federación, resuelva su situación específica.

Los dichos de Murillo fueron en respuesta a que la Comisión Jurisdiccional del Congreso anunció el uso de la fuerza pública para localizar y notificar de su juicio político a los togados.