Brasilia, 17 de febrero. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció hoy que su gobierno ejercerá una lucha sin cuartel contra el crac, una droga de gran difusión en Brasil, después de que el pasado miércoles obtuvo su primera victoria en el Congreso desde su llegada al poder este año con la aprobación del salario mínimo propuesto por su gobierno.

Tengo un compromiso con el pueblo de mi país de hacer una lucha sin cuartel al crac, cuyo combate implicará entre otras cosas un mayor control de las fronteras, afirmó Rousseff al abrir un seminario sobre la implantación de centros regionales para el combate a esa y otras drogas en 49 universidades del país.

Estos centros regionales antidrogas formarán a los profesionales de salud y asistencia social.

La lucha para abatir el crac también pasa por un proceso de combate al crimen organizado, a través del control de fronteras, de un refuerzo todavía mayor de la policía federal en la lucha a la delincuencia y a las drogas, explicó. Con ello la mandataria se comprometió con el combate sin cuartel a las drogas, en la entrada que ocurre en las fronteras de Brasil, como en la distribución.

El crac es una mezcla de pasta de cocaína (no tratada), vidrio molido y productos químicos con efectos devastadores para la salud y que genera una altísima dependencia, lo que, sumado a su bajo costo, ha hecho que su consumo se expandiera enormemente en Brasil, Argentina y Uruguay.

En tanto, la Cámara de Diputados aceptó elevar el salario mínimo de 510 a 545 reales (328 dólares al cambio actual). La votación era considerada una primera prueba de fuego para Rousseff, que intenta contener el gasto público y tuvo que encuadrar a los 10 partidos de su alianza. No obstante, este debate resultó acalorado y se prolongó durante 10 horas.

Los sindicalistas, que impulsaban una propuesta conciliadora de 560 contra 600 reales de la oposición política, abuchearon a los diputados del gobierno.

Pero el ministro de Hacienda, Guido Mantega, explicó ante la Cámara que un aumento superior del salario mínimo provocaría descontrol fiscal y sería incongruente con el corte de 30 mil millones de dólares que el gobierno de Dilma Russeff acaba de aprobar en el presupuesto.

El sueldo mínimo sirve de base para los salarios públicos y las pensiones, y por eso pesa en el gasto del gobierno.