l condenable ataque contra dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en San Luis Potosí ha seguido una nueva escalada de presiones injerencistas del gobierno estadunidense y una creciente e inadmisible altanería en el tono de los funcionarios del país vecino para dirigirse a las autoridades nacionales. En su comunicación con el secretario de Gobernación, Francisco Blake, divulgada oficialmente por la embajada estadunidense en México, la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, tuvo un acento de regaño al gobierno mexicano, tan inocultable como impertinente: Durante la llamada, la secretaria Napolitano le dijo enfáticamente al secretario Blake Mora que la violencia contra el personal del Departamento de Seguridad Interior (del que depende el ICE) en México representa un ataque contra todos aquellos que están al servicio de la nación y arriesgan la vida por nuestra seguridad, y que no será tolerado por ninguno de los dos países.

El envío a San Luis Potosí de un contingente de agentes de la FBI para encabezar las investigaciones de la agresión contra los dos estadunidenses, por otra parte, constituye una abdicación de las instituciones federales y estatales a las que, constitucionalmente, corresponde dicha pesquisa, y tiene la apariencia de una imposición de Washington.

En otro sentido, las circunstancias del asesinato de Jaime Zapata y las heridas de bala sufridas por su compañero Víctor Ávila resultan, por decir lo menos, extrañas, y ameritan una explicación a la opinión pública por parte de ambos gobiernos acerca de la clase de misión en la que se encontraban las víctimas al momento del ataque. Cabe preguntarse, por ejemplo, con qué criterio se decidió que ambos agentes viajaran por carretera y a bordo de un automóvil llamativo –blindado y con placas diplomáticas– para internarse en una entidad que, según lo revelan cables de Wikileaks publicados por este diario, ha sido considerada por el propio consulado estadunidense en Monterrey como “territorio zeta”.

La situación es alarmante por partida triple: el progresivo sometimiento de las autoridades nacionales a las del país vecino, lejos de disipar los afanes injerencistas de Washington, los alienta, y no frena el creciente deterioro de la relación bilateral.

Si no bastara con las graves y ominosas dificultades de México en su vínculo con Estados Unidos, se presenta en estos días una crisis diplomática con Francia, originada por las graves irregularidades cometidas en la detención de la secuestradora Florence Cassez, a finales del sexenio pasado. En la medida en que la actual administración se abstuvo de corregirlas y sancionarlas, se abrió un margen para la inadmisible descalificación, por parte de París, del conjunto de las instancias de justicia mexicanas, y para una exigencia –la de que la convicta sea entregada a su país de origen en el marco del Tratado de Estrasburgo– que coloca al gobierno calderonista en un predicamento irresoluble.

De esta manera, y así sea por razones diferentes, la diplomacia mexicana es colocada en la angustiosa situación de enfrentar diferendos simultáneos con el país más poderoso del mundo y con una potencia de primer orden que puede apelar al respaldo de toda la Unión Europea para su causa, así se trate de una causa equivocada y de un reclamo con olor a politiquería interna.

La torpeza diplomática del gobierno foxista llevó al país a graves incidentes diplomáticos con Cuba y Venezuela. Actualmente, el frente externo exhibe un deterioro aún mayor: el mal manejo de los asuntos de seguridad pública y de procuración de justicia desemboca en el brusco deterioro de las relaciones con Estados Unidos y con Francia, y crea condiciones que el primero de esos países se apresta a explotar para incrementar su injerencia en territorio nacional.