El Seguro Popular pagó 80 millones de pesos en 2009 a 16 unidades médicas privadas que atendieron enfermedades de alto costo de 560 afiliados. Aunque la medida se justifica por la insuficiente infraestructura pública de salud, el monto erogado fue 48 por ciento superior a lo que se hubiera pagado a hospitales del sector público, afirma el informe de la Auditoría Superior de la Federación.

En la revisión de la cuenta pública 2009, el organismo también encontró que si los hospitales públicos de alta especialidad carecen de la capacidad para atender la demanda de atención se debe, en parte, a que el Seguro Popular se tarda más de un año en pagar los servicios que proporcionan para el tratamiento de enfermedades caras cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Además, así como ha crecido la afiliación de personas a ese esquema de aseguramiento, también lo ha hecho la demanda de servicios hasta rebasar la capacidad instalada. De hecho, indica el reporte entregado por la ASF el pasado miércoles, en el año evaluado quedaron desprotegidos 826 pacientes de los estados de Baja California Sur, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz.

Puntualiza que en dichas entidades existen las instalaciones sanitarias y, en su momento, fueron certificadas como prestadoras de servicios, pero por el aumento en la demanda de atención y por carecer de recursos económicos para el equipamiento, no pudieron brindar los servicios. Ahí se hizo notoria la demora de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para rembolsar los recursos que hospitales e institutos nacionales de salud ejercen en enfermedades de alto costo. Al disminuir los recursos económicos de estos organismos también se afecta la disponibilidad de tratamientos para otros pacientes que no cuentan con el apoyo del Sistema de Protección Social en Salud.