A pesar del incremento de las presiones políticas y mediáticas para que el Instituto Federal Electoral (IFE) devuelva los 348 millones de pesos del fondo inmobiliario, el secretario ejecutivo del organismo, Edmundo Jacobo Molina, advirtió: vamos a defender nuestra posición porque estamos convencidos de que es legalmente fundado.

Si después de la discusión, de exponer los argumentos técnicos se nos demuestra que estamos equivocados, lo reconoceremos, pero el fondo no es un capricho del IFE, es una necesidad institucional.

En entrevista con La Jornada, el funcionario sostuvo que una vez concluida la elaboración del plan inmobiliario, el fondo referido comenzará a operar con los 235 millones de pesos que la Cámara de Diputados le autorizó para 2011. Mientras tanto, los 348 millones en cuestión no se tocarán hasta que haya una resolución jurídica sobre el diferendo con el contralor general del instituto, Gregorio Guerrero, y con legisladores.

Tiempos de Estado en medios

Jacobo Molina habló también de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en torno a la operación del Sistema Integral de Administración de los Tiempos del Estado (Siate), que cuestionó su integración y operación, al punto de sugerir en 2009 que no garantizaba la equidad de la contienda.

“Al contrario –sostiene–, el sistema nos ayudó a vigilar las reglas del juego y contribuyó a cumplirlas. Que me demuestren que un partido recibió más tiempo de lo previsto en la ley. Yo sí tengo elementos para demostrar lo contrario: que se distribuyó a partir de las normas establecidas.”

–Se cuestiona que el IFE adquirió tecnología obsoleta.

–Quisiera que demostraran que había otra tecnología en el mercado en el tiempo en que se adquirió (2008), pero que no sea hipotético, porque seguramente para motivos de inteligencia en algunos países había disponible otra tecnología. Hablo de herramientas para usos civiles; se verá que la oferta no es mucha.

Sin superar aún la polémica en torno al fondo inmobiliario, las observaciones al Siate abren un nuevo capítulo en torno a los manejos administrativos del IFE. El secretario ejecutivo dijo que en los 30 días hábiles que tiene el organismo para aclarar las observaciones de la ASF se levantarán la mayor parte de las dudas sobre el proceso de adquisición del sistema, aunque de entrada adelanta que, en lo referente a la falta de 300 ordenadores, hay elementos para aclarar este señalamiento.

En torno al fondo inmobiliario, anuncia que el IFE irá hasta las últimas instancias legales para defender la reasignación de los recursos tan cuestionados por la Contraloría General y que han traído en consecuencia una amplia campaña de las televisoras contra el IFE.

–En principio no hay cuestionamientos en cuanto al objetivo del fondo, sino a las formas en que se conformó.

–Todo eso vamos a litigarlo y a defenderlo hasta donde podamos, hasta que alguien dictamine si tenemos razón. Mientras, no vamos a tocar esos recursos, lo garantizo.

Dijo que de entrada la dirección ejecutiva de administración va a elaborar un plan inmobiliario que de cualquier forma entrará en vigor, porque la adquisición de inmuebles es un asunto impostergable para el IFE, y seguramente empezaría con los recursos que la Cámara aprobó para tal efecto. No es un capricho del IFE, es una necesidad institucional.

El secretario ejecutivo insiste en que no es viable seguir pagando cantidades millonarias en rentas, y por ello –subraya– se orientó claramente la pretensión de alcanzar ahorros en 2010.

En ese año –por la crisis económica– estaba prohibido por la Cámara ejercer recursos en adquisición de inmuebles, sin embargo, para Jacobo Molina existe sustento legal y la necesidad de revertir el arrendamiento de casi 600 edificios.