Cinco años han estado a las afueras de la mina Pasta de Conchos en espera de justicia; desde el 19 de febrero de 2006, mes a mes han celebrado misas (44) frente a la sede de Grupo México para demandar el rescate de los restos de los mineros sepultados, y han interpuesto 40 recursos legales: son los familiares de los 65 mineros muertos. Siguen en resistencia, no cejan y ya lograron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tome su caso.

El gobierno ha pretendido dar carpetazo al conflicto, a pesar de que hay dos recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en favor de los deudos; ha buscado cerrar la demanda presentada por los familiares de los mineros ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y ha omitido responder a las observaciones que le hizo la CIDH hace cuatro meses sobre el juicio interpuesto contra el Estado mexicano.

La abogada de la Familia Pasta de Conchos, Cristina Auerbach; Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, y Carlos Rodríguez, del Centro de Reflexión y Acción Laboral, hicieron un recuento de la batalla legal y social librada en cinco años. Denunciaron que el gobierno protege y encubre a los inversionistas de Grupo México, y solapa el estado de inseguridad y corrupción en la minería del carbón.

Más de tres centenas de deudos de la Familia Pasta de Conchos siguen en la lucha, porque el Estado mexicano ha exhibido su falta de diligencia y voluntad para hacer justicia. Siguen, porque se han violado sus derechos humanos, porque no ha habido una reparación adecuada del daño, pero, sobre todo, porque continúan muriendo mineros, dejando un lastre de huérfanos y viudas en la región carbonifera, dijo Arriaga

Tras un lustro del calvario legal los deudos obtuvieron en septiembre de 2010 una resolución de la CIDH a su petición de juicio contra el Estado mexicano, la cual no ha sido respondida aún por el gobierno de Felipe Calderón; hay una falta absoluta del cumplimiento de las obligaciones internacionales,  planteó el sacerdote Carlos Rodríguez, quien ha acompañado a deudos y mineros en esta lucha.

El V informe de Pasta de Conchos: Dime desde allá abajo expone que la OIT emitió un dictamen en el que señala que el gobierno de México incumplió convenios internacionales, y tuvo responsabilidad por negligencia en la muerte de los mineros de Pasta de Conchos y en su rescate. Sin embargo, el gobierno buscó dejar cerrado el caso en la sesión del comité trinacional de la OIT de noviembre de 2010 en Ginebra, y el tema de la minería del carbón quedó como caso abierto; en marzo ese organismo publicará las nuevas recomendaciones a México.

El informe detalla que del casi medio centenar de mineros fallecidos después del siniestro de Pasta de Conchos hay tres averiguaciones abiertas, ninguna concluida; en ninguna hay responsables porque el gobierno de Coahuila controla los contratos de compra de carbón para la Comisión Federal de Electricidad, por lo cual cobra hasta 50 pesos la tonelada sin rendir cuentas, sin transparentar el uso de recursos. Es decir, no se investiga, no se castiga, porque representa una pérdida de recursos ilegítima y corrupta de ese gobierno, dijo Auerbach.

Recordó, asimismo, que el gobierno de Humberto Moreira, en Coahuila, emitió actas de defunción ilegales para los mineros atrapados en Pasta de Conchos con la finalidad de facilitar laudos que dejaron pensiones de 2 mil 600 a 3 mil 200 pesos mensuales para sus familias. Moreira ofreció becas escolares para los huérfanos hasta que terminaran la universidad, pero hace más de un año las retiró, sin dar explicación.

La investigación concluye que si la minería del carbón en México continúa operando igual seguirá el saldo de víctimas mortales; sobre todo, no cambia la actuación indebida de las secretarías del Trabajo, Economía, Medio Ambiente y del Seguro Social, ya que su omisión, negligencia y tolerancia crean el escenario perfecto para que los empresarios del carbón simulen, subcontraten, y obliguen directa o indirectamente a los mineros a trabajar insegura y arriesgadamente, señala la recomendación 85/ de la CNDH.