El ex subsecretario de Educación Básica y Normal Olac Fuentes Molinar pidió dar marcha atrás al decreto presidencial para deducir los impuestos en los cobros de las colegiaturas, ya que es una medida con efectos dañinos para la educación pública, en razón de que operará como una forma de presión para los recursos que se canalizan al sistema operado por el Estado.

La determinación es de una gravedad tal que se requiere someterla a debate público, además de que urge la intervención del Poder Legislativo, enfatizó.

En entrevista, el filósofo y experto en educación manifestó que nadie puede ser tan ingenuo como para pensar que los recursos financieros son tan vastos y que la transferencia de recursos, estimada en 13 mil millones de pesos, para apoyar a escuelas de paga, no tendrá impacto.

Nadie puede ser tan incauto como para creer que lo anterior no tendrá efectos en una educación pública que se encuentra debilitada, deteriorada y convertida en feudos de intereses políticos.

De hecho, afirmó que uno de los factores de la alianza entre el gobierno de Felipe Calderón y el grupo dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es el de paralizar los intentos serios de reforma educativa y asumir que hay una corrupción muy extendida.

Es evidente, añadió, que el sistema educativo requiere de una serie de prioridades de fondo que apuntan hacia el sector público. Se necesita un esfuerzo sustancial para mejorar la calidad, combatir la inequidad que se ha acentuado, y para limpiar la corrupción creciente en la operación del sistema.

Sin embargo, ninguna de estas acciones se ha considerado en serio. Por el contrario, agregó, parece que se rehúye hacer frente a los problemas esenciales del sector que atiende masivamente a la población.

Una política seria, responsable, implica asumir riesgos y costos políticos importantes, dijo. No obstante, la línea en la última década, ha sido cerrar los ojos y hacer acciones llamativas que sustituyan a la acción real.

En ese sentido, consideró que se trata de una determinación electoral, con la lógica de que en situaciones difíciles se le da subsidios a los que menos lo necesitan.

Aunque es sabido que en condiciones de restricción del gasto social, lo que unos sectores ganan lo pierden otros, y en ese sentido existe el temor de que este subsidio fiscal va a operar como presión para los recursos hacia la escuela pública.

Fuentes Molinar consideró, por otro lado, que la dinámica que apunta hacia una educación básica pública como un gueto de pobres se apuntala con esta medida y con cuestiones ideológicas que confunden las ventajas sociales de los alumnos con las ventajas pedagógicas de la escuela.

Además de ser una decisión muy riesgosa, que generará una atracción adicional a la escuela de paga, da lugar a discursos de un triunfalismo autoatribuido como el de la llamada Asociación Interamericana de Organizaciones de Padres de Familia, la cual ya advirtió que pugnará por la gratuidad de la educación privada.

Por lo anterior, expresó que hay tiempo suficiente para echar atrás este decreto, con un análisis objetivo, serio, de sus mecanismos, de su costo social y de sus consecuencias.