on motivo de la amplia difusión que ha tenido el documental Presunto culpable, del que son autores los abogados Roberto Hernández y Layda Negrete, han vuelto a ponerse en el tapete de la discusión los temas de la administración y de la procuración de justicia. Por lo que he oído y lo poco que he visto de los avances, se trata de una obra bien hecha, que pone de manifiesto una injusticia que pudo corregirse por la intervención de los autores de la película.
Nadie puede dudar de la necesidad que tenemos en México de corregir muchos vicios y corruptelas que venimos arrastrando de tiempo atrás y que no se enfrentaron a nivel federal, cuando en el año 2000 se dio un cambio en el Poder Ejecutivo; se perdió entonces una oportunidad y ahora hay que retomar el tema. Lo que desde mi punto de vista habrá que considerar, con cuidado y patriotismo, es cuál debe ser el sentido de dicha corrección.
Desde hace unos años hay un movimiento, a veces soterrado y otras abierto, para señalar a las instituciones jurídicas vigentes en México como las causantes del desaseo o hasta del desastre en materia de justicia; para ello se pinta a nuestro sistema judicial con los colores más oscuros y se propone como única solución que echemos por la borda toda nuestra tradición jurídica y empecemos de nuevo de cero, copiando instituciones y prácticas que nos son ajenas.
Se pretende, por ejemplo, que transitemos de un proceso inquisitorial a un proceso contradictorio que además debe ser oral y público; esta pretensión ignora que los jueces, que eran instructores del proceso y al mismo tiempo podían sentenciar al que investigaban, se acabaron en México desde que se aprobó la Constitución de 1917 y que nuestros procedimientos actuales son orales en buena medida, que es obligatoria la inmediatez y que los juicios por regla general son públicos, tan es así que el que dio tema a la película documental a que me refiero pudo ser grabado.
Lo que requerimos no es tanto cambiar nuestras leyes e instituciones, si no más bien las malas prácticas que se han anquilosado a lo largo de los años.
El acento debe ponerse en la capacitación y en la buena selección de los responsables de la procuración y administración de justicia, pero sin contribuir a las intenciones de demostrar que somos un país ingobernable y anárquico que en algún momento requerirá de una intervención.
Es debido hacer el diagnóstico correcto, como lo hacen en la película de Presunto culpable sus jóvenes autores, pero con el fin de tomar nosotros mismos las medidas que se requieran para corregir nuestro sistema, cuidando de no hacerle el juego a los que nos pintan como punto menos que salvajes y terroristas.
Podemos, como lo demostraron los abogados Hernández y Negrete, hacer bien las cosas; corregir, como en el caso que ellos presentan, los errores judiciales que se cometen, y remontar el desorden y la ineficacia que padecemos, pero por nuestros propios medios, sin esperar o solicitar ayuda extraña.
La obra cinematográfica tan elogiada demuestra, también, algo más: lo peligroso que sería establecer la pena de muerte, pues de haber estado vigente y de haberse aplicado al protagonista del drama que presenta la película, el error hubiera sido irremediable.
Ciertamente, no podemos justificar de ninguna manera una falla como la que se hace pública en el documental, lo que parece excesivo es que se pretenda que sólo en México suceden estas cosas; en 1991, una película estadunidense con el mismo titulo, Presunto culpable dirigida por Paul Wendkos, (según información de Internet), tiene un argumento similar. Está basado en un hecho real, es la historia de un joven acusado de un asesinato que no cometió, pese a lo cual se le declara culpable; su padre adoptivo lucha incansablemente para liberarlo, hasta que lo logra.
No sólo en México pasan estas cosas; de vez en cuando nos enteramos de errores judiciales en distintas partes del mundo. Debemos corregir nuestras faltas, pero sin denigrarnos como nación y cuidando de no exagerar y con ello hacer el juego a quienes no nos quieren.
