El presunto homicida de un agente de la Oficina de Migración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), Julián Zapata Espinoza, El Piolín, y ocho de sus cómplices, rindieron sus primeras declaraciones ministeriales durante más de seis horas ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Los interrogatorios a los que fueron sometidos El Piolín y el resto de los integrantes de una célula del cártel de Los Zetas que operaba en San Luis Potosí, se iniciaron al filo de las tres de la mañana del jueves, luego de que se completaron los procedimientos de puesta a disposición del Ministerio Público Federal por parte de efectivos del Ejército Mexicano.

De acuerdo con fuentes ministeriales, Zapata Espinoza fue interrogado a profundidad en torno al asesinato del agente estadunidense Jaime Zapata, como parte de las primeras diligencias que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de uno de los presuntos autores materiales del homicidio ocurrido en la carretera 57, en el tramo San Luis Potosí-México, el pasado 15 de febrero.

Una semana después de ocurrido el ataque, en el cual resultó herido el también agente de ICE Víctor Ávila, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvieron en el estado de San Luis Potosí –en lugares que no han sido precisados– a Julián Zapata Espinoza, Armando Álvarez Saldaña, Mario Domínguez Realeo o Domingo Díaz Rosas, Jesús Iván Quezada Peña, Martín Bárcenas Tapia, Rubén Darío Venegas (de nacionalidad hondureña), así como Diana Margarita Guerrero Morales, Roxana Mireya Ríos Velázquez, Magali Chaín Castillo López –esposa de Zapata Espinoza– y un menor de edad.

La SIEDO cuenta con la posibilidad de mantener detenidos hasta la madrugada del próximo lunes a los nueve mencionados; sin embargo, en las próximas horas un juez federal podría conceder el arraigo por 40 días para perfeccionar la investigación en su contra, y que no ocurra lo que en diciembre de 2009, cuando El Piolín fue detenido, consignado ante un juez y luego dejado en libertad bajo fianza porque la PGR no pudo acreditarle la comisión de delitos graves.