La Procuraduría General de la República (PGR) está obligada a informar el contenido de la causa penal que se abrió en diciembre de 2009, tras la primera captura de Julián Zapata Espinoza, El Piolín, porque todo parece indicar que el vocero de esa dependencia, Ricardo Nájera, hizo público el pasado miércoles que un juzgador le dio la libertad bajo fianza para responsabilizar a los jueces de un error que parece fue de la fiscalía federal, coincidieron en entrevista por separado los abogados penalistas Juan Rivero Legarreta, Heraclio Bonilla y Rogelio Garza.

Las opiniones de los tres juristas coinciden con la versión difundida por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que señaló ayer que el juez federal cuestionado otorgó la libertad provisional al presunto sicario del cártel de Los Zetas debido a que la PGR no presentó pruebas contundentes para mantenerlo en prisión.

“Desde que se inició el sexenio de Felipe Calderón los jueces federales han optado, en 99 por ciento de los casos, por resolver en favor de la PGR, por miedo a perder su trabajo. En lo que hace a El Piolín, no dudo que los fiscales federales hayan planteado mal sus acusaciones ante el Poder Judicial Federal (PJF)”, expuso Rivero, abogado con más de 20 años de experiencia en litigios penales.

Por su parte, Heraclio Bonilla, quien defendió al ex presidente Luis Echeverría Álvarez, aseguró que este tipo de golpeteos mediáticos, en los que fiscales eluden su responsabilidad, han caracterizado al gobierno calderonista.

Es muy sabido que esa estrategia de golpes mediáticos es utilizada de manera recurrente por el ingeniero Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal y por el vocero de la PGR (Ricardo Nájera), refirió. El objetivo de la PGR es claro, dijo Bonilla: Buscan desviar la atención y responsabilizar a los jueces del mal trabajo que realizan sus agentes del Ministerio Público.

La opinión del penalista Rogelio Garza, con amplia experiencia en litigios relacionados con delincuencia organizada, coincidió con la de los dos anteriores juristas.

Le puedo decir que en toda mi carrera (28 años como abogado postulante) sólo me ha tocado ver tres casos de jueces que liberan a presuntos culpables de delincuencia organizada durante el plazo de término constitucional. Es muy común que la Procuraduría General de la República pierda los casos por falta de sustento legal, indicó finalmente Garza.