En tres años (de 2008 a la fecha) el gobierno federal ha conseguido que el movimiento social haya retrocedido en sus objetivos de lucha. A partir del surgimiento del zapatismo y hasta 2006 los movimientos de desobediencia civil (como el zapatista, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y el movimiento contra el fraude electoral de 2006) pelearon por autonomías políticas y territoriales, pero actualmente se demanda sólo el derecho a salir de la calle “sin que me ejecuten o levanten”, aseguró Pietro Ameglio, de Servicio, Paz y Justicia.

Durante la mesa redonda ¿Estado de excepción en México?, las implicaciones jurídico-sociales de la guerra contra el narco, organizado por el grupo Tribuno Popular de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el activista señaló que no salir a la calle y el encierro representan una especie de terror que ha generado la actual política federal contra el crimen organizado.

En tres años nos han conducido a luchar por la calle, cuando ésta es una gran conquista de la humanidad. Eso está asociado al encierro, mental, físico y organizativo, y nos conduce al terror, que no es lo mismo que el miedo, porque el segundo te pone alerta pero el terror te paraliza.

Para Ameglio, mediante el voto los ciudadanos han delegado su poder a representantes populares. Sólo los dejamos actuar cuando en realidad, si un representante no consensúa la gente debe retirarle ese poder.

Con la situación actual que se vive en el país, sostuvo, la solidaridad social con algunas causas ya no es suficiente, sino que los ciudadanos deben emprender la lucha social. Con cartas, presiones o foros no se va a detener el proceso de inhumanidad.

Como ejemplo puso el caso de Ciudad Juárez y cuestionó: ¿Dónde están el obispo de Chihuahua, el rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Arzobispado? Sus cuerpos no están en la calle para decir ya basta, sólo se limitan a declarar.

Por su parte, Enrique González Ruiz sostuvo que en México se vive una especie de estado de excepción, donde no se respetan las garantías de los ciudadanos.

Indicó que desde un verdadero estado de derecho el combate al crimen organizado debe basarse en la Constitución. Lo que implica respetar garantías fundamentales, que el Ejército no abra a patadas las casas, se lleve y detenga a personas por varios días y después las entregue ya confesas.

Para el académico los retenes militares, policiacos “y hasta de los zetas” en algunos puntos del país vulneran la vida política y jurídica de los ciudadanos y son una expresión de un estado de excepción.

No queremos este tipo de estado en México, sino un auténtico estado de derecho, donde no se oprima a la población y en el que las autoridades apliquen el derecho respetando las garantías fundamentales.

La abogada Bárbara Zamora indicó que en México hoy en la guerra contra el narco lo ilegal se ha vuelto cotidiano y se permite.

El general Francisco Gallardo sostuvo que la militarización del país forma parte de la Iniciativa Mérida como una maniobra encubierta por Estados Unidos bajo el argumento del la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico para inhibir la protesta social a través del terror.