La tortura sigue siendo una práctica sistematizada y generalizada en México y el panorama no es alentador, toda vez que hay un aumento en el número de violaciones a los derechos humanos, el gobierno no puede ofrecer soluciones reales, existe una criminalización de la protesta social y la estrategia de mano dura del gobierno permite que el Ejército asuma cada vez más funciones de seguridad pública, aseguró Felícitas Treue, del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.

Durante las Jornadas por los derechos humanos y gestión de la paz, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, la activista refirió que su organización ha documentado alrededor de 300 casos de tortura en el país y determinó como responsables a funcionarios públicos de las procuradurías estatales y federal, así como de las policías municipales y el Ejército.

A pesar de que México firmó y ratificó todas las convenciones internacionales en materia de derechos humanos que se refieren a la prevención y penalización de la tortura, no hay interés real de las autoridades por investigar, menos para castigar, a los verdaderos delincuentes, sino todo lo contrario: producen responsables y descalifican a las víctimas, aseguró.

Treue explicó que la tortura ataca directamente al individuo y busca afectar el entorno social de la víctima y de esta manera lograr la manipulación al provocar que la gente ya no se movilice, por temor.

Ésa es una de las razones por las que se carece de cifras claras respecto a las víctimas de tortura, pues éstas temen denunciar los abusos que padecieron.

Durante el segundo día de trabajos del encuentro sobre derechos humanos, Clara Meyra, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, afirmó que en lo que se refiere a los derechos de la juventud la criminalización y discriminación que sufre ese sector de la población proviene del sistema patriarcal y centrado en el adulto en que vivimos, y que considera a los jóvenes personas inacabadas y no sujetos plenos de derechos, capaces de ser actores sociales.

En su exposición, Meyra destacó que la realidad de una mujer joven actualmente es el feminicidio, la trata de personas, el abuso sexual y la explotación laboral, mientras para un hombre joven es la asociación a grupos delictivos sólo por su edad. De ahí que 75 por ciento de la población en reclusorios en México sea joven, indicó.

También denunció la cooptación por el Ejército Mexicano de jóvenes de 15 a 17 años para adelantar su servicio militar, quienes son enviados a participar en labores en contra del crimen organizado.

La defensora indicó que las violaciones a derechos humanos son, en todos los casos, responsabilidad del Estado, y que es deber de éste generar políticas públicas y no sólo programas para subsanar dichos atropellos.