En una nueva operación represiva iniciada el pasado martes en Chiapas contra adherentes de la otra campaña, hoy permanecían presos 16 miembros del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas (CARZCC). Entre los detenidos se cuentan tres abogados del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, así como campesinos y pescadores de al menos cinco comunidades, pertenecientes al Consejo Autónomo Regional. Después de las seis de la tarde fueron liberados 13 de ellos, permaneciendo en prisión los jóvenes abogados Nataniel Hernández, José María Martínez Cruz y Eduardo Alonso Martínez Silva, quienes habrían sido trasladados al penal de El Amate o a uma casa de arraigo en Tuxtla Gutiérrez.

Es la tercera agresión directa a la otra campaña en lo que va de febrero, luego del violento desalojo de los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, en el acceso a las Cascadas de Agua Azul (10 permanecen presos, con cargos graves no comprobados), y el ataque del Ejército de Dios en Mitzitón, con un saldo de dos heridos graves. Ahora, en la costa del estado; allí, el CARZCC sostiene una importante resistencia regional contra los abusos gubernamentales.

La tarde de hoy, el Consejo Regional realizó una marcha en la ciudad de Tonalá, ante la Fiscalía de Distrito Istmo-Costa, para demandar la liberación de los nuevos detenidos. Al anochercer se prosiguió la marcha a la salida de Tonalá, para establecer un breve bloqueo en la carretera Panamericana.

Como refiere el propio consejo, el pasado día 22 se llevó a cabo el corte de la carretera internacional en el municipio de Pijijiapan, a la altura de Las Pilitas, por un grupo de 300 compañeros del CARZCC que se manifestaban contra las agresiones, desplazamientos y encarcelamientos producidos en su región y en solidaridad con los compañeros de San Sebastián Bachajón y Mitzitón, con los que comparten un sentimiento de hermandad.

Ese día, hacia las 16 horas, el corte fue desbloqueado, ya que se estaba sentando en Tonalá una mesa de diálogo con los representantes del gobierno.

Una hora más tarde, cuando los comisionados al diálogo regresaban a sus respectivas comunidades, las detenciones se llevaron a cabo por parte de la PF ayudados de la AFI, que durante el paro había estado marcando sus objetivos desde tierra y aire con la ayuda de un helicóptero de la supuesta Protección Civil.

El consejo refiere que las detenciones se realizaron indiscriminadamente, llevándose incluso a mujeres y menores, que más tarde bajaron de los camiones a empujones y con malas palabras. Ante estos hechos, el director del Centro Digna Ochoa, Nataniel Hernández, junto con Martínez Cruz y Martínez Silva, se presentaron adonde había estado el bloqueo, para descubrir que los del CARZCC habían sido cercados, impidiéndoles regresar a sus casas. En ese momento las fuerzas policiacas detuvieron a más de 50 personas y las trasladaron a la Fiscalía Regional Istmo Costa de Tonalá en ocho camiones. En el trayecto iban dejando a mujeres y menores, aunque llegaron al resguardo policiaco dos menores más.

Los detenidos, pobladores de La Central, Joaquín Amaro, El Carmen, Mapastepec y Tonalá, no tuvieron respeto a sus garantías y se obstruyó a la defensa, prosigue el CARZCC, lo que originó un plantón en la puerta, exigiendo su liberación. Diecinueve de ellos fueron trasladados a la comandancia de policía, donde se les prestó declaración, y quedaron 16 en custodia. Tras horas de espera y desinformación se conoció que los defensores de derechos humanos, quienes no fueron liberados, enfrentan tres acusaciones graves: ataque a las vías de comunicación, motín y conspiración.

Se quiere criminalizar a los defensores del centro Digna Ochoa como máximos representantes del movimiento, cuando su función, señala el consejo, “ha sido proteger las garantías de las comunidades en un correcto acto de profesionalidad que debiera ser más común en estos tiempos que corren, ya que el gobierno utiliza la antigua política de ‘muerte al mensajero’”.