El proyecto de descentralizar el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) no tiene como propósito privatizar el suministro de agua potable, sino de constituir un órgano con plena autonomía de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio, similar al Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Así lo aseguró en entrevista con La Jornada el titular del SACM, Ramón Aguirre Díaz, quien señaló que el modelo actual, en el que se opera como una oficina administrativa más de gobierno, fracasó desde los años 50 del siglo pasado, y mantenerlo sería un lastre que se traduciría en una limitante para alcanzar su eficiencia.

El servidor público expresó que para muchos es natural que el organismo responsable de la gestión del agua y el drenaje funcione como una entidad desconcentrada, pero este esquema se ha desechado en todas las ciudades del país y en el extranjero, donde se ha optado por la creación de empresas públicas.

Dijo que es inconcebible que se mantenga este modelo, porque la normatividad y los procedimientos internos, idóneos para una oficina de gobierno, en el Sistema de Aguas provocan la demora en la compra de insumos y equipo especializado, lo que acota su capacidad y traban su trabajo. El cambio, abundó, significaría entrar a una dinámica diferente en materia administrativa.

Imagínate que para atender un problema de agua en la ciudad contamos con tres mil pesos, porque ese es el dinero que le corresponde a las cajas chicas de las oficinas. Eso sirve para comprar café y galletas, pero no para atender una bomba que se está tronando, argumentó.

A ello, agregó, se suma el hecho de que no administra sus propios recursos y se ve supeditado al flujo que dispone la Secretaría de Finanzas, que tiene otras prioridades diferentes al tema del agua.

Al explicar la iniciativa de ley que sobre el tema envió el Ejecutivo local a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Aguirre Díaz aseguró que de convertirse en una entidad paraestatal, el SACM mantendría su política tarifaria, incluido el esquema de subsidios, con lo que seguiría el apoyo a los sectores más pobres, y que en caso, de que se llegase a una tomar una decisión diferente se haría de común acuerdo con los diferentes actores de la sociedad.

De ahí que, abundó, el contrapeso que juega la Asamblea Legislativa en la definición de las tarifas, aunque no se establezca en la ley, se mantendría en la práctica. Que el gobierno tenga la facultad no significa que tomará las decisiones unilateralmente. Y mucho menos en un tema tan delicado como el de las tarifas. Se buscaría un acuerdo con la Asamblea Legislativa, como se hizo con el costo del boleto del Metro, apuntó.

Rechazó que con la reforma se busque la privatización del sector, por lo que señaló que si la propuesta de vender bloques de agua a particulares para su reventa causa esa impresión, puede ser cancelada de inmediato. La descentralización del Sistema de Aguas es para fortalecerlo como un organismo público, si se quisiera concesionar ya se tienen las facultades y no se necesita de ninguna reforma legal para ello, expuso.

El tema medular, manifestó, es que no se puede continuar apagando fuegos, sino que se requiere de una estrategia de largo plazo. Las condiciones hacia adelante no se ven estables, sino cada vez más complicadas. De no tomarse medidas ahora la eficiencia del servicio pasaría de 71 por ciento a 28 por ciento, y el tandeo diario se incrementaría de 15 a 35 por ciento de la población, advirtió.