pesar de las bondades de la ley migratoria, hay que reconocer que es parcial y que habría sido mejor tratar de conciliar una ley integral, que parta de principios básicos y donde se trate de manera conjunta y articulada la inmigración, el tránsito y la emigración.

Con justa razón el clamor público hizo reflexionar a los legisladores y corrigió lo que en realidad era una práctica cotidiana y legal. La PFP hasta el día de hoy hace redadas y detenciones por cuenta propia, a su propio entender y saber. No es que se iba a aplicar la ley Arizona en México, de hecho se iba a corroborar una práctica nefasta que los migrantes y muchos mexicanos experimentaban a diario.

Hace unos meses me entrevistó una periodista estadunidense y me preguntó mi opinión acerca de la ley Arizona, de la que ya he hablado en este espacio. Pero al final me interrogó sobre cómo se procedía en México, con los migrantes centroamericanos. La verdad empecé a balbucear, le dije que se hacían revisiones en diversos puntos del país, en los autobuses, trenes y centrales camioneras. Y luego, obviamente, me preguntó que cómo identificaba la autoridad a los que había que preguntar e interrogar. Le contesté que tenían un procedimiento aleatorio, por decir algo… En efecto, en México se aplicaba, a la mexicana, la ley Arizona. Qué bueno que limitaron sus funciones y que sólo puedan actuar cuando sea solicitada oficialmente su intervención.

Otro punto pendiente era el de las redadas. Esto tiene que ver con el manejo del concepto de frontera vertical. Es decir, se detiene a irregulares a lo largo y ancho del país y no en la frontera sur. El gobierno tiene derecho a vigilar la frontera y exigir documentación legal a todos los que ingresan al país. Pero en la práctica no hay frontera, los migrantes pasan por el río, a la vista de todos y sólo algunos pocos por el puente. Los problemas vienen después, cuando son detenidos en determinados puntos carreteros o se detiene al tren, la bestia, para perseguir y capturar migrantes irregulares.

Si se hiciera el trabajo en la frontera sur no habría necesidad de hacerlo a lo largo y ancho del país. Algo así se hace en Estados Unidos, hay facilidad para el cruce fronterizo con visa, pero luego hay otro filtro y por lo general ya no te molestan.

También se corrigió el artículo que penalizaba a quienes brindaran ayuda a víctimas y testigos de los abusos contra migrantes. En esto la propuesta de ley mexicana se parecía mucho a la propuesta HR 4437 elaborada por James Sensenbrenner, que proponía sancionar a todos aquellos que ayudaran o apoyaran a migrantes indocumentados. Las marchas masivas de migrantes en Estados Unidos en 2006 tumbaron esta ley. Pero fue este artículo el que suscitó la solidaridad de las iglesias, instituciones y ONG que trabajaban con migrantes.

Sin duda la ley aprobada es un avance notable, pero hay un artículo que fue derogado y que en mi opinión debe reponerse. Se trata del artículo en donde se proponen sanciones económicas a quienes contraten trabajadores indocumentados. Por lo general los que contratan indocumentados son empleadores abusivos y explotadores que deben ser sancionados. Se aprovechan de la condición de irregularidad para pagar bajos salarios y explotar a gente indefensa que se siente insegura por ser extranjera y estar en condición irregular.

En Estados Unidos, en 1951, la comisión de inmigración recomendó que se impusieran sanciones a los empleadores que contrataran indocumentados, pero pasó todo lo contrario. Al año siguiente, en 1952, se promulgó una ley conocida como Texas Proviso donde se decía de manera clara y precisa que no constituía delito alguno contratar a un migrante indocumentado. Algo parecido ha sucedido en México, la ley proponía sanciones a los empleadores y el Congreso acaba de derogar ese artículo.

Aunque parezca extraño, la única solución para acabar con la contratación de indocumentados en Estados Unidos es sancionar a los empleadores, como se estableció en la ley de 1986 (IRCA). Pero es mucho más fácil, sencillo y políticamente redituable perseguir a los indocumentados que sancionar a los empleadores. Esta doble moral y doble rasero es la causa principal de que en Estados Unidos no puedan solucionar el gravísimo problema de contar con más de 11 millones de indocumentados.

Cuando los empleadores estén impedidos legalmente de contratar irregulares el gobierno tendrá necesariamente que abrir la puerta y dejar entrar de manera legal y ordenada a los trabajadores que sean necesarios. La situación de irregularidad no le conviene al gobierno estadunidense, ni al mexicano, ni al migrante. El único que saca provecho es el empleador.

En México se han hecho grandes esfuerzos para legalizar la situación de los trabajadores temporales guatemaltecos que vienen a las cosechas de café, mango y otras frutas en Chiapas. Por fin pueden entrar legalmente. Pero todo este esfuerzo se viene abajo si no se sanciona a los finqueros que les resulta más fácil y rentable contratar, como siempre, a trabajadores irregulares.

La irregularidad siempre va en contra del migrante y de ella se aprovecha el empleador. Es posible que en el México de hoy en día la contratación de irregulares sea un asunto menor. Pero México va a abrir sus puertas, va a facilitar el tránsito, las visas y las entradas. Tiene que fomentar una cultura de la legalidad para nacionales y extranjeros, trabajadores y empleadores. La Texas Proviso fue la ley que permitió que se desarrollara de manera exponencial la migración indocumentada en Estados Unidos. Y la cuerda se rompe por lo más delgado, es más fácil deportar a cien trabajadores que sancionar a un empleador irregular.

Peor aún cuando la misma ley protege y solapa al empleador.