El encarcelamiento en Chiapas de tres abogados del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa y la persecución al Consejo Regional Autónomo de la Zona Costa ha generado numerosas protestas a escalas nacional e internacional. Ahora, unas 25 organizaciones de la otra campaña, al demandar la liberación de estos presos políticos, hacen severos señalamientos: El gobierno de Chiapas, encabezado por Juan Sabines Guerrero, aplica una agresiva política represiva mediante el encarcelamiento de integrantes de organizaciones y comunidades indígenas.

Sostienen que, mientras la estrategia de hostigamiento a las comunidades zapatistas no se ha detenido, a principios de este mes, de manera claramente violatoria de los derechos humanos y de cualquier garantía jurídica, fueron detenidos ejidatarios tzeltales de San Sebastián Bachajón. También mencionan el reciente ataque a integrantes de la otra campaña en Mitzitón con la complicidad de las autoridades chiapanecas.

Señalan que, “mientras la retórica del gobernador se llena de reconocimientos al zapatismo, sus acciones fortalecen la estrategia contrainsurgente contra sus comunidades. Mientras desde los discursos el gobernador niega la persecución y la represión, hoy las cárceles se llenan para controlar y desarticular a quienes de manera independiente luchan y se organizan. Mientras el gobernador habla de la reducción de la pobreza, los billetes salen para controlar y cooptar y a la vez aislar a quienes de forma digna y rebelde se niegan a ser controlados.

“El viejo priísmo sólo se ha revestido de amarillo y rojo para gobernar como siempre: con una mano del poder se reparten cheques, con la otra se castiga a quien se niega a recibirlos. Esta estrategia de ‘gobernabilidad’ se complementa con una amigable alianza con el gobierno federal y el Ejército.”

Este 22 de febrero se recrudeció la persecución al Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa. Su lucha contra las altas tarifas de luz y por la autorganización de pescadores, comunidades y mujeres, además de una fuerte solidaridad con las luchas chiapanecas y nacionales, representa ahora uno de los objetivos de dicha política represiva. El Consejo se ha vuelto una molestia para el gobierno chiapaneco.

Miles de personas se han integrado al consejo y a sus proyectos, como la tortillería autónoma para bajar el precio de la tortilla, los talleres de derechos de las mujeres, la autorganización contra las altas tarifas.

El consejo ha salido a las calles y las carreteras a manifestar su repudio a los continuos ataques contra las comunidades zapatistas, a apoyar la libertad de los presos políticos, así como otras comunidades y organizaciones adherentes a la otra campaña como ellos. Por ello, el gobierno sabe que mantener presos a los tres abogados Nataniel Hernández, José María Martínez Cruz y Eduardo Alonso Martínez Silva significa un golpe al consejo.

Tras repudiar la estrategia de criminalización de la protesta social del gobierno chiapaneco como mecanismo de control político, el hostigamiento a las comunidades zapatistas y los encarcelamientos de integrantes de la comunidad de San Sebastián Bachajón, las organizaciones exigen la liberación de todos los presos políticos detenidos en el presente mes.

El pronunciamiento es suscrito por movimientos en resistencia contra el autoritarismo de gobiernos perredistas, como el de Chiapas, que imponen autopistas, minas, represas, supervías o represión en Guerrero (Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, Policía Comunitaria y Radio Ñonmdaa La Palabra del Agua) y el Distrito Federal (Colectivo Autonomía de los Barrios de Magdalena Contreras, Frente de Pueblos del Anáhuac-Tláhuac y Frente Popular Francisco Villa-UNOPII), así como el municipio autónomo de San Juan Copala (Oaxaca), Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier (San Luis Potosí) y Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (estado de México), entre otros.