n la visita que el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, realizó al presidente estadunidense, Barack Obama, las declaraciones del primero en entrevista con The Washington Post resultan mucho más significativas que las palabras protocolarias oficiales. El michoacano dijo al rotativo que la relación bilateral se ha visto severamente dañada a raíz de la difusión de los cables del Departamento de Estado por WikiLeaks, criticó las apreciaciones negativas del Ejército formuladas por el embajador de Washington en México, Carlos Pascual –de las cuales quedó constancia en uno de los documentos referidos–, e incluso sugirió que pondría sobre la mesa, en su encuentro con Obama, la pérdida de confianza de su gobierno en el diplomático mencionado.
La acusación de Calderón contra el portal de filtraciones oficiales –parte de cuyo acervo documental fue entregado a este diario para su elaboración y difusión periodística– es injusta y sin fundamentos: el conocimiento público de los cables referidos no induce una crisis en la relación bilateral, sino permite a la ciudadanía observar la crisis ya existente y ubicar sus factores: el injerencismo inveterado de Estados Unidos en México, la alarmante debilidad de las autoridades nacionales y su obsecuencia para con las pretensiones de Washington de modular aspectos de la vida institucional que debieran reservarse al ejercicio de la soberanía: el relevo en el gobierno de Vicente Fox al propio Calderón, el mando de la lucha contra la criminalidad organizada, el diseño de la política económica y las medidas de seguridad nacional y control territorial. Y, de acuerdo con la información disponible en los despachos elaborados por la legación diplomática estadunidense, en ésos y otros temas la actual administración mexicana ha permitido e incluso demandado la intervención de las autoridades del país vecino. Con ello se ha ahondado la asimetría que caracteriza la relación entre ambos gobiernos, se ha vulnerado gravemente la soberanía nacional, y se ha emprendido una guerra
que sólo beneficia los intereses estadunidenses –los de la industria armamentista, los de los grandes circuitos financieros y los de las agencias gubernamentales, siempre ávidas de pretextos para incrementar sus niveles de intervención al sur del río Bravo– y en la que México tiene todo que perder: vidas, fortaleza institucional, integridad territorial e independencia.
Con semejante manera de operar en lo político y en lo diplomático, resultaba inevitable que la relación bilateral desembocara en un desajuste mayúsculo, y es precisamente ese desajuste lo que se describe en la porción mexicana de los cables que WikiLeaks y La Jornada han venido difundiendo.
Un ejemplo claro del grado de distorsión al que han sido llevados los vínculos entre ambos países es la manera en la que el propio Calderón intenta resolver ahora el malestar de su gobierno con el embajador Pascual por medio de críticas elípticas e insinuaciones de desagrado vertidas en la prensa estadunidense. En los usos diplomáticos internacionales se establece el derecho de los países anfitriones a exigir contención y respeto a representantes acreditados en su territorio, y a pedir su retiro a los gobiernos respectivos, incluso sin necesidad de presentar argumentos. Esos ejercicios de soberanía, realizados en tiempos recientes por naciones latinoamericanas tradicionalmente denostadas por la administración calderonista, como Venezuela y Bolivia, constituyen la manera correcta de enfrentar el irrefrenable intervencionismo de las legaciones estadunidenses en los países de la región. Cabría esperar que las autoridades mexicanas comprendieran y compartieran, ahora, las razones de ésos y otros gobiernos latinoamericanos para manifestar en voz alta, y de manera pública, sus quejas contra Washington.
Enlaces:
