a en demérito de la investidura presidencial mexicana, pórtela quien la porte, el titubear y en esa medida poner en duda las razones históricas y prácticas que impiden de manera tajante el uso de armas a agentes extranjeros acreditados en el país por la vía diplomática. Pero Calderón así se vio ayer ante Obama en una conferencia de prensa dedicada a las relaciones entre México y Estados Unidos que en términos periodísticos internacionales fue rebasada por el tema de Libia: nervioso o solamente impreciso, desconcentrado en ciertos momentos, metido en un falso duelo de elogios mutuos con el presidente americano, claudicante en el tono y el fondo de sus anteriores críticas a la descoordinación institucional gringa y al poco esfuerzo efectivo en materia de control de armas luego llevadas a los cárteles mexicanos, dispuesto obsequiosamente a ofrecer, casi ya a entregar, a un mexicano, El Piolín, antes siquiera de que le fuera formalmente solicitada su extradición, comprometido dolorosamente a explorar vías alternas, creativas, de mente abierta, para dar seguridad armada a quienes son enviados del norte para controlar la colonia fallida.

Desde luego, las actitudes y palabras desplegadas en la reunión con periodistas no fueron sino un pálido reflejo de lo que con crudeza y rudeza habría de tratarse en los momentos sustanciales de la posterior reunión privada y de lo cual nos enteraremos con veracidad solamente si San Wikileaks logra milagros futuros. Pero, a cambio de la muy volátil promesa obámica de hacer algo para las armas y dinero que van de Norte a Sur, el mexicano hizo piruetas orales para decir que sí buscará atender la exigencia gringa de portar armas, a tal grado que platicará con los miembros del Congreso, en especial con los senadores, para explorar las alternativas.

El escultismo forzado fue puntual y escrupulosamente definido por el lobato de Los Pinos: Y cuando digo alternativas, creo que tenemos que decir todas las alternativas que la ley o la Constitución permita; en ese sentido pueden ser desde mecanismos de protección especial, delimitación clara de las áreas de las cuales podemos colaborar. La música alternativa del felipismo de inmediato tocó mal son, provocando la temprana oposición de legisladores de diversos partidos, entre ellos el panista Santiago Creel. En Washington, mientras tanto, las sesiones privadas entre Calderón y Obama seguramente aterrizaban en compromisos más precisos respecto a ese tema, del armamento de agentes extranjeros, y de otros más, relacionados con el narcotráfico. En Tijuana, por si hubiera necesidad de que Barack tuviera más argumentos para sus pláticas con Felipe, eran detenidos ocho miembros del Ejército que en bolsas militares y en plena colaboración con un cártel no especificado transportaban una tonelada de cocaína. ¡Ah, eso sí, el boy scout mexicano seguía empecinado en la búsqueda de que le quiten de encima al embajador Pascual, con el que nomás ya no puede trabajar (como si la línea de intereses imperiales fuera dictada en razón del nombre y apellido de sus ejecutores externos)!

Nada, sin embargo, concitaba ayer más pasión justiciera y afán declarativo que el asunto de un documental de buena hechura que estaría en vías de ser retirado de las pantallas a cuenta de una suspensión provisional dictada por una juez en recta atención de la denuncia de supuesta afectación de sus derechos e intereses presentada por Víctor Daniel Reyes Bravo, el equívoco declarante único a partir del cual se tejió una tragicomedia judicial que dio pie al exitoso trabajo estético y jurídico denominado Presunto culpable. De pronto, la clase política en pleno (a la hora de redactar esta columna no había registro de honrosas excepciones), encabezada por Felipe Calderón y su esposa (que había encabezado semanas atrás la premier) había convertido la defensa de la libertad de expresión y el rechazo a la censura en una especie de cruzada nacional apoyada igualmente por los más notables ejecutantes del periodismo electrónico, tanto en sus ramas de noticias políticas como en las de espectáculos y otras frivolidades.

Cual sucedió en el caso del cantante de tonadas populares Kalimba, el proceso judicial natural fue sustituido a golpe de vehemencias y generalidades. Una juez que atendió la demanda de un ciudadano para que fueran protegidos sus derechos supuestamente en riesgo acabó siendo linchada. En Twitter, Joaquín López Dóriga planteó: “Una gran mayoría estamos en contra del amparo que prohíbe Presunto culpable, no creo que la jueza resista la presión”. En realidad, no hay censura, porque no hay ningún factor de poder en contra de la exhibición de ese documental, sino todo lo contrario, varios poderes, políticos y económicos, se conjuntaron para financiar y promover ese trabajo fílmico que denuncia y ataca aspectos procesales, operativos, del mecanismo institucional de procuración e impartición de justicia en México pero sin ir al fondo del asunto, abriendo brecha en todo caso para extender en el país los juicios orales e impulsar las reformas judiciales deseadas por el calderonismo en su proceso general de rediseño de todo lo relacionado con policía y cárceles.

La inflamación de la mecha fácil de la Presunta Censura hizo a un lado el aspecto paradójico de que los productores de un documental que denuncia injusticias y celebra una resolución exculpatoria de un juzgador federal para el caso defendido cámara en mano, no tuviesen ánimos procesales esclarecedores para buscar, e incluso exigir, que se atendiera la demanda de atención judicial a uno de los involuntarios actores del citado documental, el testigo insostenible que sin embargo, y en un lance diferente al relacionado con un homicidio, solicitó desde 20 días atrás que se frenara la exhibición de una obra que a su entender lesiona su imagen y para la cual no extendió ninguna autorización de uso, como sucede en cualquier otra filmación de ese tipo. Pero el espacio se ha terminado. ¡Feliz fin de semana!

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