Dos jueces de distrito conocieron esta semana de sendas peticiones para que se suspendiera la distribución, exhibición y comercialización de Presunto culpable, pero emitieron resoluciones diametralmente opuestas.

En tanto, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) rechazó este jueves –un día después de que una juez federal ordenara suspender provisionalmente la difusión de la mencionada cinta– que el Poder Judicial de la Federación (PJF) intente censurar el contenido de la película.

“En relación con los comentarios que pudieran inferir que el PJF intenta censurar el documental Presunto culpable, el CJF lo rechaza categóricamente y reitera su absoluto respeto a la libertad de expresión y a todas las libertades. Su protección es su labor cotidiana”, indicó.

Respecto de las resoluciones contrarias de dos jueces de distrito sobre el caso de Presunto culpable, el CJF difundió anoche dos tarjetas informativas para exponer los argumentos de las dos juzgadoras.

Por un lado, se informó que Mónica Soto Bueno, juez décimo de distrito en materia administrativa, recibió una demanda de amparo promovida por los familiares de Juan Carlos Reyes –el joven asesinado que se muestra en el documental–, quienes pidieron que la cinta deje de exhibirse. Los quejosos expusieron que los autores del filme, así como los distribuidores y comercializadores, no fueron autorizados por la familia Reyes para difundir la imagen de la víctima y, pese a ello, las autoridades de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación (SG) permitieron la proyección.

Soto negó la suspensión provisional a la familia Reyes con el argumento de que ya es un hecho consumado el permiso que concedieron funcionarios de la SG a los autores de la cinta y, según la jurisprudencia, no procede la suspensión del acto reclamado.

Otra juez en materia administrativa, Blanca Lobo, resolvió que sí debe suspenderse provisionalmente la exhibición para evitar que continúe el daño ocasionado a Víctor Reyes Bravo, primo de Juan Carlos, quien aseguró en su demanda que se violó su garantía constitucional de respeto a su privacidad al aparecer en la película. El próximo 11 de marzo, Lobo determinará si concede la suspensión definitiva.

De su lado, el abogado civilista Salvador Ochoa Olvera, con más de 25 años de experiencia en litigios por reparación de daño moral, explicó ayer a La Jornada que Víctor Reyes Bravo está en su legítimo derecho para acudir a los tribunales a exigir una indemnización, si considera y demuestra que Presunto culpable afectó su privacidad.

Dijo que este juicio de amparo, que derivó en la orden de suspensión provisional de la exhibición del documental es una verdadera trampa. Lo conducente era que el quejoso acudiera a la vía civil. ¿Qué tiene que ver un amparo? Esto fue una jugada de algún integrante del Poder Judicial que influyó en el quejoso, y que lo hizo para tapar algo que es real (las deficiencias del sistema de justicia penal) y que los evidencia. Consideró que la juez Lobo debió haber prevenido a los abogados del quejoso que la vía idónea para su inconformidad era la vía civil.

Al avalar esto, la juzgadora se metió en un problema que le puede traer consecuencias en la Judicatura, porque fue en contra de lo que establece el artículo 20 de la Constitución, que señala que las audiencias son públicas, destacó Ochoa Olvera.

Respecto del comunicado del CJF, el órgano colegiado dijo que en el litigio por el documental existe una colisión de derechos, en relación con que entran en disputa el derecho a la libre expresión y al de ser consultado para utilizar la imagen de un tercero.

Agregó que el propio Poder Judicial ha exhibido dicha cinta entre el mismo personal, por tratarse de un tema altamente sensible para la sociedad, el cual debe ser del conocimiento de los servidores públicos, incluido el personal jurisdiccional.