Las titulares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal manifestaron no estar de acuerdo con la resolución de la juez federal Blanca Lobo, quien ordenó suspender la exhibición comercial del documental Presunto culpable.

Consultada por La Jornada, la presidenta del CNCA, Consuelo Sáizar, dijo no estar para nada de acuerdo, ni compartir la posición de la juez. Afirmó que se encuentra a la espera de cómo se desarrollen las cosas y que se mantiene en contacto con Alejandro Ramírez, director de Cinépolis.

Reiteró que el CNCA, en su carácter de coproductor del documental, apoyará a los realizadores y agradeció el interés por uno de los fenómenos cinematográficos más destacados.

Por su parte, Marina Stavenhagen, directora del Imcine, señaló: Nos preocupa que las películas sean retiradas de exhibición y, de entrada, nos oponemos a ello. Consideró que la suspensión ordenada por la impartidora de justicia contra la exhibición de la cinta, realizada por el abogado Roberto Hernández, es un problema de orden jurídico y nostrotros somos muy respetuosos de la ley, lo que nos corresponde es estar muy atentos de lo que proceda.

La funcionaria agregó que hasta el momento no conocía los términos de la resolución de la juez, pero dijo que Imcine está pendiente de la postura institucional de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación.

Estamos a la espera de conocer los documentos, pero podemos decir que Imcine respeta la libertad de expresión. Estamos en contacto con los productores del documental, con los distribuidores y con RTC. Somos muy respetuosos de la ley, y dado el tema de la cinta, es muy importante que el público la vea, puntualizó Stavenhagen. Imcine aportó 2.5 millones de pesos para la posproducción de Presunto culpable, que en total contó con una inversión de 10.5 millones de pesos.

A su vez, la secretaria de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, Elena Cepeda, por medio de un comunicado lamentó la orden de la juez contra la exhibición del documental y opinó que no es con censura como se acabará con la mala aplicación de la justicia y la impunidad en los procesos legales en el país. Decisiones de esta índole vulneran el derecho ciudadano a ver el cine de su preferencia y atenta contra la libertad de expresión de los creadores mexicanos.