Las presiones de la Secretaría de Hacienda y las diferencias entre los diputados del PRI, así como las objeciones del PAN, en la Comisión de Gobernación, no permitieron resolver ayer las diferencias en el dictamen de reforma a la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, que busca obligar al gobierno federal a informar de los recursos públicos que se transfieran a fideicomisos y conocer qué empresas o particulares son beneficiarios de los créditos fiscales.

Desde la noche del martes, luego de que los diputados del PAN se reservaron cuatro artículos para mantener la opacidad en el manejo de la información referente a manejo de recursos públicos en fideicomisos, la comisión se declaró en sesión permanente para tratar de llegar a un acuerdo.

Este jueves, la comisión intentó reunir a todos los integrantes, pero por la tarde se explicó que la mayoría de los 14 diputados del PRI que forman parte de la comisión ya no se encontraban en la Cámara y se difirió la reanudación de los trabajos para dictaminar la minuta del Senado.

El panista Gregorio Hurtado se reservó los artículos 18 bis y 59 del dictamen.

El artículo 18 bis dispone que quienes constituyan fideicomisos, sean fideicomisarios de fideicomisos públicos o titulares de operaciones bancarias o fiscales con recursos públicos, no podrán etiquetar la información como clasificada alegando el secreto fiduciario, bancario o fiscal.

El artículo 59 define que las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) serán definitivas e inatacables para las dependencias y entidades. Los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación.

Su compañero de partido Gastón Luken Garza reservó los artículos 46 y 55. El primero prevé que cuando los documentos no se encuentren en los archivos de la dependencia o entidad a las que se les soliciten, el comité de información analizará el caso y tomará toda las medidas necesarias para localizar la información y resolver en consecuencia.

A su vez, el artículo 55 considera que cuando un recurso de revisión niegue el acceso a información clasificada, el Ifai deberá, en todos los casos, convocar a audiencia a las partes.

El presidente de la comisión, el panista Javier Corral Jurado, explicó que en la discusión del dictamen se expresaron preocupaciones de legisladores sobre el secreto fiscal.

Sí podemos atender que se proteja el secreto fiscal de terceros en fideicomisos que tengan recursos privados, pero no podemos exceptuar a los que manejen recursos públicos, porque eso sería la entrada a la simulación y la reforma perdería su sentido, declaró.

Explicó que uno de los cambios fundamentales se refiere al artículo 12 de la ley, para que los sujetos que por cualquier motivo destinen a cualquier persona recursos públicos queden obligados a informar sobre el uso y destino de los mismos. La recepción de recursos comprenderá cualquier beneficio, subsidio o tratamiento especial por exención o excepción tributaria fiscal.

Por otra parte, en un pronunciamiento, el Ifai señaló que sus resoluciones deben ser definitivas e inatacables, como se indica expresamente en el proyecto de reformas a la Ley Federal de Transparencia. “En dicho ordenamiento –enfatizó– no debe haber lugar para el regateo.”

En un comunicado, advirtió que México requiere avanzar por el camino de las libertades, de la apertura y del respeto irrestricto a los derechos.