Promueve el derecho al empleo, entre otros
Viernes 4 de marzo de 2011, p. 51
El Senado aprobó ayer la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, en la que se establecen las bases y directrices para que logren ejercer sus derechos en circunstancias de igualdad frente al resto de la población.
La minuta se aprobó con 84 votos a favor y ninguno en contra. La ley sustituye a la emitida en el año 2005.
La nueva ley prohíbe conductas que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de personas con disparidad o crear un entorno intimidatorio, hostil degradante u ofensivo, indebido para quienes tienen capacidades diferentes.
Se establecen también acciones de apoyo para prevenir o compensar las desventajas o dificultades de discapacitados durante su incorporación y participación plena en la vida política, económica, social y cultural.
Para ello se prevé crear un Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se trata de un organismo público descentralizado que formulará políticas, acciones, estrategias y programas derivados de la propia ley.
La legislación obliga a la Secretaría del Trabajo a promover el derecho al empleo de los discapacitados, en igualdad de oportunidades y equidad. Para su acceso a la educación se procurará equipar planteles y centros educativos con libros en braille, materiales didácticos, apoyo de intérpretes de lenguas de señas mexicanas y equipos computarizados con tecnología para personas ciegas.
El presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, el panista Guillermo Tamborrel, sostuvo que con la nueva ley se rompe el paradigma que lesionaba a personas con discapacidad. Para llegar a esa norma, explicó, se transitó por dos años de reuniones y consensos, tanto en la Cámara de Diputados como en la de senadores.
El coordinador del PT, Ricardo Monreal, expuso que era apremiante una legislación consecuente con los tratados internacionales, pero sobre todo, una armonización de leyes en la materia. Expuso que hasta 2003 había en el país 9.7 millones de personas con discapacidad, que forman parte de los grupos más discriminados, lo que hace urgente su integración social.