El último día de julio de 2006 la base aérea El Caracol, el prototipo de instalaciones gubernamentales contra el narcotráfico, comenzó su proceso de desmantelamiento y abandono, denunciaron 14 de los casi 40 hombres que allí trabajaban y servían a centenares de agentes federales y otros servidores públicos encargados de erradicar cultivos de mariguana y amapola en la sierra de Guerrero.

El 31 de julio de aquel año fueron notificados, sin ninguna explicación, que su contrato había terminado.

Los entrevistados aseguraron que no han podido cobrar indemnización alguna por haber sido despedidos de manera injustificada, y desde hace casi cinco años, para sostener vigente su juicio laboral y mantener a sus familias se han empleado como ayudantes de albañil, guardias privados, plomeros y en algunos casos, boleros y hasta jornaleros agrícolas.

Los ex trabajadores de la Procuraduría General de la República (PGR) afirman que tras la desaparición de la base, los caminos de Apaxtla, Guerrero, se llenaron de grupos de hombres armados que, sin pertenecer a ninguna autoridad, instalan retenes y deciden a quién se permite el paso por la zona.

Desde 2006, un grupo de 14 trabajadores promovió un juicio ante autoridades laborales, debido a que los representantes de la PGR nunca acreditaron que fueron legalmente despedidos, pues los documentos originales de la supuestas renuncias no se presentaron ante autoridades en la materia, y los oficios proporcionados eran supuestas copias con fechas visiblemente alteradas y textos modificados, informó Verónica Villegas, abogada de los afectados.

La litigante indicó que debido a las decisiones jurídicas, que de manera equivocada se han emitido, los trabajadores han tenido que llegar hasta la promoción de un amparo dentro del juicio laboral 4415/2006, el cual se encuentra pendiente de radicar en el tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, porque hasta el momento se ha beneficiado sin razón a la dependencia.

En algunos casos, afirmó la abogada, tendrían que haberles pagado sus aguinaldos al menos, y es que la primera irregularidad, en este juicio es que la PGR ha sostenido que los trabajadores eran empleados de confianza y ninguno ejercía funciones de mando; eran lo que la procuraduría llama empleados polivalentes, es decir, lo mismo tenían que hacer labores de cocineros, secretariales y hasta cuestiones de jardinería y mantenimiento.

Los trabajadores debían estar a disposición de los jefes de la base a la hora que fuera, y permanecían 14 días dentro de las instalaciones y descansaban una semana.

Pedro García Gómez es uno de los afectados y narró que al igual que la mayor parte de los ex trabajadores de la base, alguna vez estuvo en las filas del Ejército Mexicano y, que tras haber obtenido su baja de manera lícita y no tener malas notas en su expediente, fue recomendado para trabajar en la base aérea El Caracol, como oficial polivalente.

Estas instalaciones fueron inauguradas en abril de 2002, de acuerdo con el entonces procurador, el general Rafael Macedo de la Concha, sería el prototipo de instalaciones para combatir el narcotráfico e inclusive otros delitos de carácter federal, y con su rehabilitación se materializaba un proyecto para hacer más eficaz la acción en contra del narcotráfico, debido a que por su ubicación se reducían los gastos y se optimizaban los resultados.

Esto no fue concebido sólo como base de operaciones para erradicar cultivos ilícitos, sino que incluye un proyecto de tecnología genética, además de unas instalaciones para capacitar a los agentes federales, decía Macedo de la Concha.

Ahora, narraron los ex trabajadores, todo eso está desmantelado. Aunque se dice que las instalaciones fueron transferidas al Ejército, ellos no han cuidado nada, y en los alrededores, en los caminos que llegan a la zona, hay gente armada que viaja en camionetas y pone retenes y decide quién pasa por allí, indicaron Antonio Flores, Guillermo Vázquez Martínez y Froilán Lucero Perea, ex trabajadores de la base.

Confían en que la justicia federal les haga caso y la PGR les pague “lo que corresponde por derecho, pues podíamos haber sido transferidos a otras instalaciones pero no, un día llegó Carlos López Castellón, un funcionario de la oficialía mayor de la procuraduría, instaló una mesa y nos dijo: ‘esto se acabó. Entreguen sus gafetes y tengan sus cheques’. Nunca dio explicaciones, por el contrario nos aseguró que nunca obtendríamos nada ni siquiera una explicación, y así ha sido. Ya tenemos casi cinco años luchando, pero no perdemos la esperanza”, indicó José Abel Rivera.