La comunidad tzeltal de Guaquitepec, en el municipio de Chilón, Chiapas, ha sido conocida durante 15 años por albergar un proyecto educativo innovador, referente obligado para las zonas indígenas del estado. Ahora resulta escenario para la reaparición de viejos caciques, presuntamente apoyados por el gobierno estatal como en los viejos tiempos, con el respaldo y la asesoría del ex diputado perredista Carlos Bertoni Unda, vinculado a la organización Oruga, con sede en Ocosingo, señalada anteriormente como instrumento de contrainsurgencia económica contra la resistencia indígena.

El pasado 17 de enero, la parcela escolar de la secundaria intercultural Emiliano Zapata Salazar fue invadida por huestes clientelares del ex diputado Bertoni, quien en 2009 fue encarcelado por fraude y hoy prepara terreno para la próxima contienda electoral. El predio invadido, y ahora destruido, es donde se desarrollaban las actividades comunitarias educativas, artísticas y culturales de la secundaria.

Las autoridades de la comunidad y de ejidos vecinos, así como el propio director de la escuela, Mariano Méndez López, denuncian que la administración estatal, por medio de la secretaria General de Gobierno, ha intervenido en el problema sin dar solución a la invasión, lo que el grupo invasor ha aprovechado para robar y destruir el patrimonio educativo del proyecto, sin que se aplique la justicia ante los actos delictivos.

Denuncian directamente a la subsecretaria de Gobierno, Ana del Carmen Valdivieso Hidalgo, con oficinas en Yajalón, y al titular de Gobierno, Noé Castañón León, quienes se manifestaron como coadyuvantes en la solución del conflicto, y no han actuado realmente. Los indígenas desde enero informaron a Castañón, y el 28 de ese mes fueron atendidos en Tuxtla Gutiérrez por el asesor jurídico de la dependencia, quien también habría hablado con los invasores para prometerles 15 hectáreas en otra parte. Lo único cierto es que los caciques que encabezan la invasión siguen construyendo casas en la parcela escolar.

Debe señalarse que no es un centro escolar cualquiera. Forma parte de un proyecto intercultural bilingüe reconocido internacionalmente, apoyado por el Patronato Pro Educación Mexicana y con la participación de pedagogos nacionales de primer nivel. La experiencia, modelo para los pueblos indígenas del área es, junto con el sistema educativo zapatista, una de las alternativas más avanzados y exitosos de instrucción en regiones donde la educación oficial es muy deficiente.

Los caciques siempre han impedido el desarrollo, sostienen maestros, comuneros y ejidatarios. Su método es armar a su grupo para reprimir y amenazar. Pese a reiteradas denuncias, las autoridades estatales y municipales han permitido sus abusos.

Los indígenas describen al dirigente Bertoni Unda como un desestabilizador social, que ya ha estado en la cárcel por esas actividades que buscan el lucro y ahora funge como asesor de los caciques oficialistas. Refieren que el 20 de febrero fue agasajado por los invasores: Cómo es posible que alguien que se dice servidor del pueblo está actuando para provocar división y enfrentamiento entre hermanos, recibiendo regalos por dejar a niños y niñas tzeltales sin posibilidad de seguir aprendiendo. Dicen desconocer los intereses de Bertoni en Guaquitepec, pero estamos convencidos de que no son el bien de las comunidades, sino para aprovecharse de ellas.

Respaldan la denuncia la Organización Social Indígena Yip Lumaltik, la Fundación Colosio regional, las autoridades de Maquejá, San Vicente, Pinabetal y San Antonio Bulujib, los Principales de Guaquitepec, así como bases zapatistas y el director del bachillerato Bartolomé de las Casas. Se pronuncian por equidad, igualdad, justicia, dignidad y una verdadera democracia para vivir libremente. Se están violando nuestros derechos a la educación, el desarrollo como pueblos indígenas y a vivir en paz y armonía, concluyen.