El antropólogo Abel Barrera Hernández y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, fundado por él hace 17 años, recibirán en Berlín el sexto Premio de los Derechos Humanos de Amnistía Internacional (AI) Alemania, en reconocimiento a su labor de investigación de casos de desapariciones forzadas perpetradas por elementos del Ejército mexicano.

Durante la ceremonia –a realizarse el próximo 27 de mayo en la Casa de las Culturas del Mundo– con motivo del 50 aniversario de la fundación de AI, Barrera recogerá el galardón como un reconocimiento a la lucha incesante de Tlachinollan por las garantías de los indígenas guerrerenses, que se ha realizado exponiéndose a veces a un alto riesgo personal.

Gracias a su trabajo estratégico, la repercusión de Tlachinollan se hace eco más allá de Guerrero, contribuyendo al fortalecimiento de los derechos humanos en todo México, afirmó el comité organizador del premio.

El colectivo fundado por Barrera ha participado en casos que en 2010 se llevaron incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre ellos el de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, y el de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, atacadas sexualmente por soldados.

Debido al clima de hostigamiento y amenazas contra los miembros de Tlachinollan y otras asociaciones civiles, la CIDH solicitó al gobierno mexicano que brinde medidas de protección para más de 100 activistas, pero hasta el momento dicha orden no ha sido cumplida a cabalidad.

El reconocimiento de AI, dotado de 10 mil euros, se otorga a individuos y organizaciones que han defendido los derechos humanos en situaciones difíciles, y busca reconocer el esfuerzo de dichas personas, apoyarlas y promover su trabajo ante la sociedad alemana.

En entrevista telefónica con La Jornada, Barrera se congratuló por el otorgamiento del premio, aunque dijo que éste, más que ser un mérito individual, es un reconocimiento a la lucha incansable y dolorosa que han emprendido los pueblos indígenas y campesinos de Guerrero, donde lamentablemente todavía no ha llegado la justicia.

Consideró que, en lo inmediato, una de las consecuencias positivas del galardón es que ayudará a centrar la mirada de la gente en lo que ocurre en dicha entidad del sur del país, donde se está generando un nivel de represión y de violencia tan fuerte como el de la llamada guerra sucia, en la década de 1970.

Hay más de 600 desaparecidos en Guerrero, y eso sigue pasando ahora. Continúan muriendo jóvenes y niños, se criminaliza la protesta social y se encarcela a quienes luchan por conseguir justicia. Siguen atentando contra las y los defensores de derechos humanos, obligándolos a salir de sus hogares, lamentó.

Más que ser para una sola persona –recalcó–, el galardón se otorga a todas las organizaciones de familiares, víctimas de la represión, activistas, hombres y mujeres del campo, indígenas y jornaleros que incluso han dado su vida por esta causa. Ahí se condensa lo que representa la lucha por los derechos humanos en el sur del país.

Nataniel Hernández es acusado en Chiapas

Hermann Bellinghausen Enviado

San Cristóbal de las Casas, Chis., 19 de marzo. Las 72 organizaciones de derechos humanos pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, con actividad en 24 estados de la República, se pronunció hoy ante el riesgo de detención de Nataniel Hernández Núñez, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, con sede en Tonalá, en la costa de Chiapas.

La Red, que realiza este fin de semana su 41 asamblea nacional en esta ciudad, señaló que hoy sábado vence el término constitucional dentro de la causa penal 33-2011, por el delito de ataques a las vías generales de comunicación del fuero federal, contra Hernández Núñez. De decretarse el auto de formal prisión, el defensor podría enfrentar el proceso penal en libertad. Sin embargo, también se le instruyó proceso por el delito de extorsión, considerado grave en el fuero común y sin derecho a fianza, con la intención de judicializar la labor de defensa de los derechos humanos que realiza el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa.

En su llamado a una acción urgente para impedir que Hernández Núñez vuelva a la cárcel, como ya estuvo temporalmente en dos ocasiones en semanas recientes, y recluido en los penales de El Amate y Tapachula, la Red apunta que se le han imputado delitos fabricados, y persiste el riesgo de que las autoridades judiciales lo encarcelen y logren impedir que siga con su trabajo.

Ante ello, la ONG exige al Estado mexicano que se decrete el auto de libertad por falta de elementos contra el director del CDH-Digna Ochoa, así como de José María Martínez Cruz y Eduardo Alonso Martínez Silva, miembros del mismo centro.

Dirigiéndose al presidente Felipe Calderón, le solicita, con base en el artículo 8 de la Constitución que, en el ámbito de su competencia y atribuciones, inste a que investiguen los hechos aquí descritos y nos informe sobre las acciones que el gobierno decida llevar a cabo para resolver tal situación.

La red nacional también pide medidas concretas y urgentes para aplicar las declaraciones de Defensores de la Organización de Naciones Unidas y Universal de Derechos Humanos, así como la Convención Americana de garantías fundamentales. Y a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, con base en el marco de sus atribuciones, les solicita que expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten al gobierno mexicano a que atienda las peticiones planteadas.