La visita a México del grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias es una gran oportunidad para hacer visible la existencia de dicho crimen y presionar a las autoridades para que lo detengan y hagan cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de Rosendo Radilla, señalaron activistas de organizaciones especializadas en el tema.

Julio Mata, presidente de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem), informó que dicho comité –formado por Jasminka Dzumhur, Ariel Dulitzky y Osman El Hajj– visitará los estados de Coahuila, Chihuahua y Guerrero.

“En los 30 años que tiene el organismo, esta es la primera vez que el gobierno mexicano le permite visitar el país, y por ello es importante que conozca los más de mil 200 casos de desapariciones forzadas, la mayoría de ellos por causas políticas y ocurridos en el periodo de terrorismo de Estado conocido como guerra sucia”, apuntó.

La presencia de Naciones Unidas –dijo– puede ser importante para desmantelar la imagen supuestamente democrática y progresista que se han creado las autoridades mexicanas en el extranjero, cuando la situación en el país es completamente opuesta.

Sería importantísimo que el grupo presionara para que se cumpliera la sentencia de la CIDH sobre Rosendo Radilla. Si así fuera, podrían hacerse muchas modificaciones sobre fuero militar, sobre la investigación del paradero real de todos los desaparecidos y el juicio a los responsables de los crímenes.

De su lado, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, consideró que la visita del grupo especializado se debe a que ya hay preocupación a escala internacional por la cantidad de desapariciones forzadas que ocurren en el país, aunque el gobierno pretenda ocultar la gravedad del asunto al decir que todos los casos tienen que ver con el crimen organizado.

Una de las expectativas que tenemos es que sean escuchados los familiares de las víctimas para hacer más visible esta problemática y demostrar que el sistema de justicia está en crisis. Tenemos esperanza de que se escuche lo que ellos han gritado y documentado, subrayó.