Buenos Aires, 24 de marzo. Grupos económicos, sectores del Poder Judicial y civiles que participaron en la pasada dictadura militar (1976-1983) que instaló el terrorismo de Estado en Argentina están en la mira de la justicia y los organismos de derechos humanos al conmemorarse hoy el 35 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo del 76, que dejó 30 mil desaparecidos.

La demanda significa un novedoso avance, cuando miles de argentinos integrados en distintas marchas salieron a recordar un nuevo aniversario del golpe y entre sus consignas reclamaron ya no sólo ejercer justicia sobre militares y policías, sino que se escucharon y leyeron en pancartas consignas a favor de juzgar ya a los responsables civiles de los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese período histórico.

Esta conmemoración encuentra al país, con ocho juicios orales abiertos, otros nueve por abrirse y 179 jerarcas militares condenados lo que le otorga una vigencia inédita a los derechos humanos como señalan analistas locales.

Las causas en las que se juzga a los responsables de crímenes de lesa humanidad fueron dejando al descubierto la complicidad de los civiles y desnudando la permanencia de jueces que fueron firmes aliados de los dictadores.

Por su parte, el fiscal Jorge Auat, titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas (UFCS) por violaciones a los derechos humanos, creada por el gobierno actual ante los obstáculos puestos por algunas cámaras para obstaculizar a la justicia, señala que la impunidad tiene una enorme coartada que estaba desgraciadamente escondida en el seno de la estructura de la administración judicial.

Auat y su equipo han logrado avances significativos.

Los jueces que actuaron junto a los dictadores estaban agazapados. Y era previsible porque quienes hasta el 9 de diciembre de 1983 estaban con la dictadura , no iban a cambiar su conducta al día siguiente del 10 de ese mismo mes cuando ascendió el primer gobierno de la transición democrática. Ellos quedaron en sus lugares y esto ayudó fuertemente a la impunidad, dijo Auat.

El abogado Beniusz Szmucler de Juristas Internacionales advierte que existe aún un aparato judicial que todavía mantiene fuertes enclaves fascistas.

Jueces involucrados por sobrevivientes y testigos renunciaron para evitar el juicio político y otros fueron separados de sus funciones y en todos los casos deberán enfrentar a la justicia.

La lupa está puesta sobre el Poder Judicial, las empresas que participaron con los dictadores y además las investigaciones sobre el apoderamiento de empresas del Estado que fueron apropiadas por los militares, desmanteladas en algunos casos y vendidas al exterior.

También se registra el caso de más de 600 empresarios, muchos de los cuáles fueron secuestrados y obligados a vender sus empresas, o simplemente despojados de las mismas, en una planificación del entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, quien ya está condenado en una de estas causas.

Grandes pancartas también fueron desplegadas hoy para pedir justicia en el caso del Grupo Clarín por haber usufructuado de la dictadura quedándose junto al periódico La Nación con Papel Prensa que significó instalar un monopolio mediático en el país. Pero asimismo se pide avanzar sobre el Ingenio Ledesma en la provincia de Jujuy, cuyos dueños colaboraron con los militares en el secuestro masivo de profesionales y trabajadores, varios de los cuáles desaparecieron y llegó el turno a empresas como Mercedes Benz y Ford.

En estos casos está demostrada la participación de sus funcionarios en la persecución a los sindicatos y el secuestro de delegados gremiales, muchos de los cuáles están desaparecidos y hay juicio abierto contra la empresa Astarsa, donde los trabajadores exigen no sólo juzgar a militares sino a sus directivos y otros civiles.

Este aniversario 35 llegó con estas y otras buenas nuevas, lo que coloca a Argentina en el primer lugar en la lucha integral contra los responsables militares, y civiles de la cruenta dictadura y tambiéna la decisión de organismos de juzgar el comportamiento de los sectores económicos que dominaban en cada período y participaron y alentaron todos los golpes de Estado desde 1930 en el país.