n respuesta a los señalamientos formulados el pasado jueves por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, acerca de que el narcotráfico en México domina franjas completas del territorio nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negó los dichos del mandatario andino; ponderó “los resultados del combate a la delincuencia (...) en cuanto a detención o abatimiento de líderes, aseguramiento de cargamentos de drogas, armas y dinero en efectivo” como muestra de que la actual administración no ha dado tregua en esa lucha; añadió que la determinación, energía y compromiso del régimen federal en materia de seguridad son ampliamente reconocidas por la comunidad internacional, y exigió al gobierno de Quito que, en vez de declaraciones imprecisas, avance en una articulación eficaz de los esfuerzos regionales y las políticas nacionales para tener éxito en la estrategia en contra de la delincuencia organizada trasnacional.

Es de destacar el contraste entre el tono casi de regaño empleado por el gobierno mexicano hacia el mandatario ecuatoriano con el silencio que ha guardado frente a los dichos del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en el sentido de que el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, tiene cierta frustración porque “los cárteles de la droga se han fortalecido”. El contraste es preocupante porque exhibe un rasero doble –y hasta múltiple– en la conducción de la política exterior del país: el reproche por una articulación eficaz de los esfuerzos regionales y las políticas nacionales tendría que haber sido dirigido a la Casa Blanca antes que al Palacio de Carondelet, habida cuenta de que el gobierno estadunidense carga con una cuota de responsabilidad mucho mayor en la configuración de la violencia asociada al narco que asola a México. En todo caso, cabe preguntarse qué respuesta dará la SRE –si es que da alguna– a los dichos del canciller de Brasil, Antonio Patriota, quien ayer también expresó, como lo hizo en su momento el presidente Correa, su preocupación por el incremento del narcotráfico en México.

Por lo demás, parece difícil superar las diferencias declarativas –y tanto más lograr la articulación y cooperación internacional que pregona Felipe Calderón– en tanto el Ejecutivo federal siga negándose a reconocer el dato principal señalado por los gobiernos de Quito y Brasilia e incluso de Washington: que la violencia en nuestro país está fuera de control y que los organismos encargados de ejercer la autoridad del Estado no sólo no han tenido capacidad para restablecer la paz y la vigencia del estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional, sino que su intervención incluso ha multiplicado la violencia y el quebranto de la legalidad.

En la hora presente, los aparatosos despliegues de la fuerza pública y la divulgación masiva y reiterada de estadísticas para favorecer la visión optimista del gobierno en materia de seguridad pública tienen un efecto contraproducente: las abultadas cifras sobre arrestos, muertes de capos y decomisos de armas, estupefacientes, vehículos y otros activos de los grupos criminales, llevan a la opinión pública nacional e internacional a hacerse una idea de las dimensiones y alcances de tales grupos y a formularse una pregunta obligada: si después de los golpes demoledores publicitados por el gobierno la delincuencia organizada conserva tal capacidad de operación, su tamaño y poderío deben de ser mucho mayores de lo que las autoridades reconocen.

En suma, antes de descalificar como imprecisos señalamientos que, en todo caso, son compartidos por amplios sectores de la opinión pública nacional e internacional, e incluso por varios gobiernos del continente, lo procedente y necesario es que el gobierno mexicano atienda a los fenómenos que originan tales expresiones: que admita los problemas, llame a las cosas por su nombre y reconozca que la estrategia vigente no lleva a ningún lado, como no sea a un deterioro mayor de la soberanía y de la seguridad pública.