Madrid, 25 de marzo. El juez español Baltasar Garzón denunció ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo al Tribunal Supremo español, que mantiene abierto un proceso en su contra por investigar los crímenes perpetrados durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1976). Garzón presentó un alegato razonado que destaca la situación de indefensión en que se deja a las víctimas de la represión.

Por primera vez en la historia reciente de este país, un juez –suspendido provisionalmente– decidió presentar una demanda contra instituciones judiciales de su país por considerar que se le está vulnerando un derecho básico, el de la independencia de los jueces.

El polémico juez tiene un amplio historial en procesos judiciales de gran impacto, algunos de ellos históricos. Fue uno de los precursores en la investigación de los crímenes de terrorismo de Estado en el gobierno de Felipe González contra los independentistas vascos, y también fue crucial su intervención en los procesos contra las dictaduras de Chile y Argentina, e incluso dio la orden de detener en Londres a Augusto Pinochet por crímenes de lesa humanidad.

Garzón, quien también ha sido el juez responsable de la mayoría de los juicios contra miembros de ETA y asociaciones y grupos afines, se encuentra en la picota judicial desde el año pasado.

Actualmente tiene abiertas tres causas graves, que le podrían suponer el alejamiento definitivo de la carrera judicial y hasta una condena de inhabilitación permanente para ocupar cargo público. Los tres casos abiertos en el Tribunal Supremo se refieren a su actuación en la querella presentada por las víctimas del franquismo para investigar delitos con condición de imprescriptibles, sobre todo los relacionados con el robo masivo de niños recién nacidos que fueron arrebatados a sus madres (republicanas o comunistas, muchas encarceladas y fusiladas).

El segundo caso abierto contra Garzón se refiere a su investigación en la trama de corrupción masiva amparada y fomentada por gobiernos del derechista Partido Popular (PP), en la que hay más de 100 procesados, muchos de ellos altos dirigentes de esa formación conservadora, incluido el presidente de la generalitat de Valencia, Francisco Camps, y numeroso alcaldes, diputados y consejeros.

Imagen de archivo del suspendido magistrado españolFoto Ap

El tercer caso es por una supuesta financiación irregular por unos cursos que impartió en Nueva York, cuyos fondos están investigando por si hubiera algún tipo de vulneración administrativa.

Garzón ha denunciado una persecución instigada por la derecha y la extrema derecha, desde el ámbito político hasta el judicial, que es contraria a investigar las atrocidades perpetradas durante la dictadura y, también, molesta por los graves hallazgos de corrupción en los gobiernos actuales del PP.

Desde que se abrieron las causas en su contra, Garzón fue removido provisionalmente y ahora es consultor de la Corte Penal Internacional y colabora con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, auspiciado por la Organización de Estados Americanos.

Víctimas del franquismo apoyan al juez, el único que se atrevió a investigar las denuncias de familiares y afectados por la política de exterminio de Franco. Helen Duffy, directora del Departamento de Litigios de Interights, su defensora ante el Tribunal Europeo, explicó que la demanda intenta reivindicar el derecho del juez a desempeñar sus obligaciones sin miedo a la persecución judicial. La garantía del respeto de los derechos humanos internacionales depende de que los jueces quieran y puedan hacer cumplir la normativa en materia de derechos humanos en sus países, incluidas cuestiones difíciles y controvertidas como la responsabilidad por crímenes contra la humanidad. En esta ocasión, España no ha podido cumplir su obligación de proteger a un juez de procedimientos penales infundados y ha puesto en grave peligro la independencia judicial y los derechos de las víctimas de acceder a la justicia.

El Tribunal Supremo es el mismo órgano judicial que ilegalizó la nueva marca electoral de la izquierda abertzale, Sortu, a pesar de que rechazó en sus estatutos cualquier tipo de violencia de ETA.