el 15 al 17 de marzo se reunió la Red en Defensa del Maíz, la primer red que alertó en México sobre la contaminación transgénica del maíz, integrada por más de 350 comunidades indígenas y campesinas junto a organizaciones civiles de todo México. La asamblea reafirmó su rechazo al maíz transgénico, señalando el nuevo abuso del gobierno al autorizar a Monsanto una siembra piloto de maíz transgénico en Tamaulipas. También se analizaron y rechazaron leyes que pretenden recortar aún más los derechos indígenas y campesinos, aunque irónicamente llevan títulos como si los defendieran. Tal es el caso de las leyes de consulta indígena y las de protección del maíz criollo en Tlaxcala y Michoacán.

A principios de marzo 2011, el gobierno aprobó por primera vez la siembra de maíz transgénico en fase piloto, a favor de la multinacional Monsanto, en Tamaulipas. Es un cuarto de hectárea y según la Sagarpa, eso muestra cuán prudentes son. En realidad, demuestra lo contrario: las pruebas son una farsa para cubrir el camino que permita a las transnacionales que dominan la agricultura mundial sembrar maíz transgénico a escala comercial y contaminar todo el país impunemente.

Las etapas para llegar a la siembra comercial de maíz transgénico implican una primera fase experimental, confinada, cuya cosecha debe destruirse, seguida de una fase piloto, donde se observaría si a mayor escala y en el ambiente, el cultivo se comporta de la misma manera. En ésta se puede vender lo cosechado. Cumplidas esas etapas, se podría liberar comercialmente. Entre cada fase, debe haber una evaluación que condiciona si se continúa. La evaluación de resultados la elaboran los propios promoventes, o sea, las empresas (!). Los funcionarios gubernamentales han mantenido en secreto qué criterios usan para aprobar experiencias y evaluaciones. Por supuesto. No existen criterios para evitar que el maíz transgénico sembrado a campo no contamine, tarde o temprano, otros cultivos. Aunque las experiencias fueran en fortalezas cerradas –no sucede, son a cielo abierto– todo el proceso es un teatro perverso, porque los productores reales, por economía, inercia o falta de fiscalización, nunca seguirán procedimientos de bioseguridad en la siembra comercial.

Este infecto y defectuoso camino se aprobó con la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), llamada Ley Monsanto, mote cada vez más adecuado. Las 67 pruebas experimentales con maíz transgénico ya aprobadas a favor de cuatro trasnacionales, lo único que consideran es el comportamiento agronómico (si resisten agrotóxicos y matan gusanos, no si contaminan el ambiente y otros maíces, que es el tema nodal en México al ser centro de origen del cultivo). La bioseguridad alrededor de los experimentos son unos metros de terreno abierto, rodeados de cercos de púas, policías y perros, que no sirven para contener el polen transgénico, pero sí para prevenir que campesinos, indígenas, ambientalistas y cualquier ciudadano se acerque al campo a cuestionar los intereses de las trasnacionales.

La experiencia piloto en Tamaulipas no cumple ni con los pobres requisitos legales existentes. Sin duda, los funcionarios lo arreglarán como hicieron con la obligación de establecer un régimen especial de protección al maíz de la LBOGM, que fue pulverizado a unos cuantos párrafos inútiles dentro del reglamento de esa ley. Peor aún, la prueba piloto es con un tipo de maíz transgénico tóxico que motivó que Francia y Alemania prohibieran su cultivo por los riesgos al ambiente. En México, según las autoridades ambientales y agrícolas, eso no es problema, pese a que es el centro de origen del maíz y su biodiversidad es ciento de veces más compleja. Lo que está en juego aquí es la creación y patrimonio colectivo de millones de campesinos e indígenas y la principal riqueza genética alimentaria del país, pero para los funcionarios parecen ser sólo datos pintorescos para el turismo.

La Red en Defensa del Maíz denunció también que leyes estatales que dicen proteger el maíz criollo, como las aprobadas en Tlaxcala y Michoacán, no prohíben el maíz transgénico ni previenen la contaminación con éste, como algunas ONG y políticos han querido hacer creer para sacar partido en sus campañas. Esas leyes afirman la Ley Monsanto. No prohíben nada e introducen procedimientos para autorizar la introducción, almacenamiento, distribución y comercialización de maíz transgénico en la entidad, al tiempo que criminalizan el libre intercambio de semillas campesinas creando listas que indican cuáles semillas proteger y por defecto, cuáles no. Para proteger sus semillas, exige que campesinos e indígenas documenten ser originarios, un sueño racista que muchos gobiernos han intentado para dividir a los pueblos. El mismo espíritu prima en el nuevo Consejo Estatal del Maíz, órgano consultivo de la Secretaría de Fomento Agrícola (Sefoa), cuyos miembros en Tlaxcala serán tres académicos, dos ONG, el titular de Sefoa y el gobernador, que funge como presidente del consejo, y para que se vea bonito ¡un indígena y un campesino! Las decisiones quedan en la Sefoa. Para completar, el titular de Sefoa en Tlaxcala es ex-funcionario de Monsanto y ya se declaró muy complacido con la ley.

Proteger el maíz campesino y nativo implica necesariamente reconocer y respetar, en sus propios términos, los derechos integrales de los pueblos indígenas y campesinos, que tienen 10 mil años de experiencia en el tema. Para evitar la contaminación transgénica, un buen comienzo sería un simple decreto que lo prohíba en todo el país.

*Investigadora del Grupo ETC