La propuesta de reforma laboral planteada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) –que tiene el apoyo panista– formaliza las violaciones a los derechos laborales, es regresiva y se basa en una lógica mercantilista, señalaron investigadores universitarios, representantes de sindicatos y miembros de organizaciones de defensa de las garantías laborales.

En conferencia de prensa, aseguraron que ese planteamiento formaliza en la ley violaciones sistemáticas a los derechos laborales como la subcontratación (outsourcing), la flexibilización laboral a través del reconocimiento legal de contratos de prueba y capacitación inicial, las renuncias en blanco, entre otros aspectos.

Aleida Hernández, profesora del posgrado de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó que el planteamiento priísta manda un mensaje claro a la juventud: no hay futuro.

Es una dedicatoria a los jóvenes en el sentido de que se enfrentarán a inseguridad laboral y social. Con ello, se les deja como única opción incorporarse al crimen organizado.

En la conferencia participaron también representantes de sindicatos independientes como la dirigencia del comité democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de Telefonistas, y de organizaciones como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y el Frente Auténtico del Trabajo, entre otros.

Advirtieron que la propuesta de legalizar la subcontratación –que actualmente es ilegal, aunque ya se presenta en la práctica– tiene como finalidad ocultar quién es el verdadero patrón para quitarle la responsabilidad frente a los trabajadores. Se usa como una estratagema para no dar plenos derechos laborales, como las prestaciones de seguridad social, estabilidad en el empleo, salario justo y la posibilidad del derecho a la sindicalización.

Para académicos, sindicalistas y activistas la propuesta del PRI resulta regresiva porque elimina el principio de bilateralidad y estabilidad en el empleo, permite el libre despido del trabajador, pulveriza el salario al autorizar el pago de fracciones según el tiempo trabajado, exime a los patrones de avisar de despidos injustificados a los empleados, legitima las renuncias en blanco, permitirá la rotación ilimitada de los trabajadores despedidos para no otorgar base y deja la posibilidad de que exista un contrato colectivo de trabajo a voluntad de la parte patronal y no por la existencia de la materia de trabajo.

Gerardo González, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, señaló que con estas posibles reformas se degradará aún más la situación laboral de los mexicanos. Recordó que en años recientes la administración federal no ha generado suficientes empleos formales, pues 60 por ciento de los nuevos trabajos en el país han sido en la informalidad.