a información relacionada con ataques cibernéticos a los sitios o servidores de las dependencias del gobierno mexicano ha sido manejada, en años recientes, con reservas y hasta con opacidad por las autoridades federales. Un ejemplo de ello es la decisión, adoptada en noviembre de 2008 por la Presidencia de la República, de clasificar la información sobre los intentos de ataques informáticos a su portal electrónico, por considerar que la divulgación de esos datos proporcionaría información respecto de las vulnerabilidades de la red de Los Pinos, implicaría aumentar los riesgos de comisión de delitos contra las instituciones del Estado y con ello se atentaría contra la seguridad nacional.

Con tal precedente, cobran especial relevancia los datos proporcionados por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), a petición de un particular, sobre los actos de hackeo cometidos contra el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen): entre el primero de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2010, ese organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación ha sido objeto de 211 mil 262 ataques de este tipo, uno cada 10 minutos en promedio.

No es ocioso recordar que uno de los propósitos centrales de los actos de piratería cibernética es la sustracción de datos confidenciales hallados en los equipos atacados, lo cual, aplicado al caso del Cisen, equivaldría a obtener información sumamente delicada en materia de seguridad nacional, e incluso –si se atiende a las denuncias por presunto espionaje de legisladores y jueces cometido por la entidad gubernamental– datos relevantes sobre connotados integrantes de los distintos poderes de la Unión. Tal consideración plantea una circunstancia paradójica: el principal órgano de inteligencia del Estado mexicano ha desatendido sus tareas fundamentales (alertar y proponer medidas de prevención, disuasión, contención y neutralización de riesgos y amenazas a la seguridad nacional) para erigirse en instancia de espionaje político del gobierno en turno, pero lo ha hecho sin perfeccionar sus propios instrumentos de seguridad informática; por el contrario, a juzgar por el elevado número de ataques cibernéticos, es una entidad vulnerable en ese ámbito.

Por lo demás, resulta inevitable cuestionar, si los actos de hackeo al Cisen han derivado en el robo de información confidencial, en manos de quién ha caído y cuál es el uso que se ha dado o se le pretende dar a ésta. El esclarecimiento a estas interrogantes reviste una importancia central: el escenario actual de violencia y la creciente demostración de la capacidad de fuego y operativa de los grupos criminales, multiplican los temores de que éstos puedan allegarse información gubernamental por medio de los ataques referidos y de que la guerra informática comentada se esté produciendo en alguna medida como correlato de la guerra a secas que se desarrolla en el país.

En cualquier caso, los datos que se comentan exhiben a un gobierno carente de los controles y la protección necesarios en el área informática, y en ello subyace un sentir de preocupación y desamparo de la población: si el Estado es incapaz de garantizar seguridad en el centro neurálgico de sus actividades de inteligencia, resulta difícil que pueda hacerlo en los demás ámbitos de la vida nacional.