En 2006 Genaro García Luna, actual secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, aseguró en su libro ¿Por qué mil 661 corporaciones de policía no bastan? que todo aquel que ocupe el cargo de policía en el país (debería contar) con una certificación de conocimientos y de conducta que incluya situación patrimonial, entorno social y exámenes toxicológicos, y con esa y otras premisas de reingeniería promovió la desaparición de la Policía Judicial Federal (PJF) y creó la Agencia Federal de Investigación (AFI). Ahora –y luego de tres años y medio de litigio–, la Procuraduría General de la República (PGR) reveló gracias a una solicitud de información pública promovida por La Jornada, que el funcionario nunca se sometió a los exámenes de confianza cuando encabezó la AFI, de diciembre de 2000 a noviembre de 2006.

Además, como titular de la SSP federal no está sujeto a evaluaciones de confianza, ya que su designación es facultad presidencial, indicó la dependencia al responder a la solicitud de información pública número 0002200096107.

A diferencia de García Luna, entre 2000 y 2008, en la PGR fueron examinados los ex subprocuradores José Luis Santiago Vasconcelos, Víctor Emilio Corzo Cabañas, Marisela Morales y Felipe Muñoz Vázquez, así como el actual director de Comunicación Social, Ricardo Celso Nájera Herrera.

De acuerdo con documentos obtenidos con firma autógrafa, incluso se aplicaron y fueron aprobados los exámenes de confianza por parte de Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), quien se encuentra sujeto a proceso penal por delincuencia organizada, debido a sus presuntos vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva.

Respecto de Genaro García Luna, ha sido uno de los funcionarios más interesados en la aplicación de pruebas de confianza a los policías del país, así como en la unificación de cuerpos policiacos federales bajo un solo mando, tema del que también se ocupó en su libro.

En las páginas 57 y 58 de su escrito, cuando narra lo que vivió a su llegada a la PGR, indicó: comenzó la reingeniería de la PJF, con nuevas formas de control y una política anticorrrupción férrea y desde arriba (...) en este contexto la estrategia implementada, con exámenes permanentes de control de confianza, situación patrimonial y entorno social, fue acotando los espacios de impunidad y descontrol.

En enero pasado, durante su comparecencia ante diputados federales, el titular de la SSP federal aseguró que el desarrollo de capacidades de la institución que dirige no busca crear un estado policial, lo que se requiere es un Estado con policías eficientes, que responda a la demanda social de combate al crimen, y por ello se fortalecieron los exámenes de control de confianza practicados a todo el personal, así como la obligatoriedad de la revisión patrimonial y la práctica de exámenes sicométricos y poligráficos.

Genaro García Luna, titular de la SSP federalFoto José Carlo González

Los exámenes de confianza sólo eran aplicados a los elementos de menor rango de la AFI, pues su ex titular no tiene antecedentes de haber sido sometido a las pruebas de antidoping, entorno social, médicas, sicológicas y poligráficas.

Lo anterior con base en la información proporcionada por la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, mediante el oficio SJAI/DGAJ/02555/2011, donde se asegura que en los informes del Centro de Evaluación y Control de Confianza: no encontró antecedente alguno de que se les hayan practicado evaluaciones de control de confianza a Genaro García Luna (director de la AFI), al ex subprocurador Jurídico Alejandro Ramos Flores, la ex oficial mayor Cecilia Barra y Gómez Ortigoza y al actual subprocurador de Derechos Humanos, Juan de Dios Castro Lozano.

Antes de entregar esta información, la PGR tramitó en 2007 juicios de nulidad ante un juzgado de distrito en materia administrativa, aunque luego perdió el caso ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación debido a la labor realizada por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos.

La no aplicación de exámenes de confianza a altos funcionarios del gobierno federal encargados de procurar justicia y realizar tareas de seguridad pública no ha sido exclusiva del actual titular de la SSP, quien fue designado en ese cargo en diciembre de 2006.

Según la información obtenida, tampoco fueron sometidos a las pruebas que se aplican a los agentes del Ministerio Público, elementos policiacos, directores de área y fiscales, los ex procuradores Rafael Macedo de la Concha, Daniel Cabeza de Vaca y Eduardo Medina Mora-Icaza, antecesores de Arturo Chávez Chávez.

La explicación para ello, según la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, es que: su designación depende del ejercicio de las facultades previstas en el apartado A del artículo 102 de la Constitución, no siendo sujetos a la aplicación de dichas evaluaciones

En el caso de la PGR exige por norma, según el acuerdo número A/105/04, que los servidores públicos de dicha institución deben someterse y aprobar los procesos de evaluación que practica el Centro de Evaluación y Desarrollo Humano.