Las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) contra varios importantes funcionarios de esa dependencia tendrán sus primeros resultados en el transcurso de esta semana, pues la visitaduría general tiene previsto solicitar las primeras órdenes de aprehensión contra algunos de los servidores públicos, revelaron fuentes ministeriales cercanas al caso.

Los informantes se negaron a proporcionar los nombres de los funcionarios contra quienes se ejercitará la acción penal, pero indicaron que se pedirá su arresto por presuntamente incurrir en enriquecimiento ilícito, peculado, extorsión y cohecho durante el ejercicio de sus funciones.

En ese contexto, las fuentes consultadas añadieron que en días pasados miembros del Frente Mexiquense de Defensa para una Vivienda Digna (FMDVD) acudieron a la PGR a ratificar denuncias contra diversos fiscales acusados de ser cómplices de unos 3 millones de casos de fraude procesal cometido por constructoras e hipotecarias en todo el país.

Los denunciantes (unas 50 personas defraudadas en el estado de México) son representados por el abogado José Humbertus Pérez Espinoza, presidente de la organización, quienes iniciaron sus litigios tres años atrás, cuando se querellaron contra algunas constructoras como Geo, Urbi, Ara, Demet, Sare, Sadasi y Homex, entre otras, acusadas de haber desvirtuado el mandato constitucional del marco normativo de la Ley Organiza de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

A decir de los denunciantes, estas constructoras sólo impulsaron y desarrollaron con recursos públicos federales un mercado oligopólico, en el ramo de la construcción de viviendas, que sólo benefició a las mismas empresas.

Según consta en la denuncia, elaborada por Pérez, la SHF, también con recursos públicos federales, impulsó el crecimiento y el desarrollo de las Sofoles como Patrimonio, Hipotecaria Su Casita, ING Hipotecaria, Hipotecaria Ge Money, Hipotecaria Nacional Bancomer, Hipotecaria Crédito y Casa, Operaciones Hipotecarias de México, Fin Patria, entre otras.

Pero además, los afectados también denunciaron que las Sofoles, hasta la fecha, sólo se encargan de cobrar los intereses del financiamiento que otorga SHF, es decir, ni las constructoras ni las Sofoles invirtieron en los últimos 10 años recursos propios.

De acuerdo con la denuncia de José Humbertus Pérez Espinoza, un caso especifico es la constructora Sadasi SA de CV, que ha defraudado a más de 100 mil familias con la construcción y financiamiento de los conjuntos habitacionales de la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta secciones Villa Real, Real del Cid, Real del Sol, Urbi Villa de Ocampo, Héroes Tecámac y otras construidas en el municipio de Cuautitlán Izcalli, estado de México.

Las denuncias se presentaron desde 2007 ante la PGR, pero, luego de tres años de pesquisas, los denunciantes descubrieron que algunos funcionarios de la dependencia federal presuntamente han encubierto a los responsables de los fraudes.

Las investigaciones de la PGR se realizan en contra de Juan Carlos Rincón Sánchez, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, y Samuel Hernández de Alba, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, y también involucran al subprocurador de Delitos Federales, Arturo Germán Rangel.

La Jornada reveló el pasado 24 de marzo que la PGR investiga

una red de corrupción que opera en esa institución, en la que estarían involucrados el subprocurador de Delitos Federales, Arturo Germán Rangel, así como varios de sus fiscales encargados de combatir ilícitos cometidos por servidores públicos, violaciones a las leyes fiscales y contra la administración de la justicia.