La violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, es cada vez mayor y no se vislumbra una salida al conflicto. Si el gobierno federal no ha podido en poco más de dos años, no se ve claro que pueda controlar la situación. El desafío es más abierto y la respuesta (de las autoridades) está cada vez menos a la altura, subraya un estudio realizado por investigadores universitarios.

El análisis, que aborda diferentes tipos de violencia en cuatro ciudades, Juárez, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco; Tijuana, Baja California, y Aguascalientes, Aguascalientes, expone que en la urbe fronteriza chihuahuense el número de muertos y secuestros es cada vez mayor.

“Juárez se debate en una guerra civil que ha tomado la ciudad como escenario, dejando tras de sí una estela de muerte y destrucción. La violencia no sólo no cede, sino continúa incrementándose. Ante la impotencia total de los (agentes) federales, la urbe vive uno de sus peores momentos en cuanto a extorsión o ‘cobro de piso’, que parece haberse generalizado, de modo que en estos momentos la mayoría de los negocios de esa localidad están pagando cuota, y en algunos casos se habla incluso de nuevas y más graves modalidades de extorsión.”

El informe –coordinado por Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social y discutido hace unos días en la Universidad Nacional Autónoma de México– indica que de los más de 5 mil asesinatos cometidos en la ciudad de 2008 a 2010, sólo una parte infinitamente pequeña han sido investigados y sancionados.

En las conclusiones del trabajo (realizado entre 2009 y 2010, con apoyo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) se destaca que a menos que algo suceda y trajera la cordura hacia los actores beligerantes, es probable que a este municipio chihuahuense le esperen al menos tres o cuatro años difíciles.

Las conclusiones plantean tres posibles escenarios terribles: una intervención militar más seria (aunque poco probable), la confirmación de su derrota y eventual retiro, o la propagación del actual contexto.

“Terribles, porque aun con lo grave de la situación no se ha llegado todavía al extremo de una guerra terrorista abierta y total –con la población civil en calidad de rehén y víctima–, por la que quizá la ciudad tendría que pasar por el primer escenario, antes de que el Estado pudiera recuperar el control”, afirma el estudio.

Agrega que, en caso de que el gobierno federal retirara a sus fuerzas, es claro que no se podría volver a las condiciones anteriores a la implementación de los operativos de seguridad. Ante el mayor desarrollo y agresividad de la delincuencia organizada, no sabemos, no tenemos idea de cuáles serían las condiciones y cuáles los costos de esa eventual derrota y retiro.

Los académicos que participaron en el estudio comentan que para progresar en la reintegración y recuperación del tejido social es necesario que se avance en la recuperación de las condiciones mínimas de seguridad pública, lo cual implica que el Estado sea capaz de prevalecer y garantizar la convivencia pacífica. Para ello la teoría clásica marca la exclusividad del uso de la fuerza y el cobro de impuestos. Sin embargo, ninguna de las dos condiciones están dadas en estos momentos y es difícil, si no es que imposible, avanzar en justicia social.

Además de la inseguridad y la violencia que se vive en dicha urbe, el estudio advierte sobre el rezago en la procuración de justicia. A los miles de asesinatos no investigados ni sancionados por la procuraduría estatal se añade la ineficiencia del sistema de procuración de justicia que lleva a la impunidad.

“Gran cantidad de detenidos y presentados –la mayoría por militares o agentes federales–, incluso por delitos graves, han sido puestos en libertad por los juzgados, ya sea por imprecisiones o descuidos en la investigación o por los resquicios que dejó la reforma penal.”

Otro punto que no favorece la procuración de la justicia es que la autoridad federal sistemáticamente se ha negado a atraer las investigaciones sobre el gran número de homicidios y otros delitos que se cometen en Ciudad Juárez, aun cuando es evidente que se trata de hechos relacionados con la delincuencia organizada, enfatiza el estudio.