Los trabajadores en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) solicitarán hoy en la Cámara de Diputados que los legisladores suban un punto de acuerdo para llamar a comparecer al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), Eduardo Andrade, con el fin de que explique por qué la instancia actúa de oficio contra los derechos de los empleados, obstaculiza la justicia para el gremio, no es imparcial y obedece los dictados del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano.

En el plantón que instaló el gremio el pasado sábado frente a la JFCA, el secretario general de la organización, Martín Esparza Flores, ofreció ayer una conferencia de prensa, en la que reiteró que los trabajadores no se van a parar de aquí hasta que se haga justicia y se reanude la audiencia de inmediato.

El dirigente puntualizó que la protesta es contra la presidenta de la junta especial número cinco de la JFCA, María Adriana Mayo, quien luego de que ha detenido un año las demandas de los electricistas, apenas los citó la semana pasada para desahogar pruebas y a media sesión determinó suspenderla por exceso de trabajo.

La junta ha cometido abusos e injusticias contra el SME, enfatizó Esparza. Explicó: además de que las demandas laborales han estado prácticamente congeladas, María Adriana Mayo Río emitió recientemente una resolución en la cual cuestiona la personalidad jurídica de los representantes legales del sindicato y hasta señaló que no se acreditó la membresía sindical, lo cual es inaudito.

Por si fuera poco, continuó, antes el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes depositó en la misma junta cheques por varios millones de pesos, correspondientes a las cuotas de los trabajadores, mismos que fueron entregados a Alejandro Muñoz, líder opositor, quien no tiene atribuciones para recibirlos. Es decir, la instancia ha actuado de oficio, sin buscar la conciliación y la justicia, bajo los intereses que le mandata Javier Lozano.

Esparza destacó que han grabado las audiencias para hacerlas públicas, para demostrar cómo la presidenta de la junta especial número cinco es presunta culpable de estar retrasando la demanda que tiene más de un año y apenas está pidiendo el desahogo de pruebas y luego la suspende. También se exigirá que se cite al director del Registro de Asociaciones de la STPS, añadió.

No es posible que la funcionaria diga que no pudimos demostrar que somos miembros del sindicato, cuando ellos dieron y avalaron el padrón electoral para las votaciones para la elección de la mitad del comité ejecutivo. Ello evidencia que responden a las órdenes de un gobierno autoritario y obsesionado por acabar con el sindicato, concluyó Esparza.