Washington, 29 marzo. El gobierno de México presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) avances en el desarrollo de legislación y reformas, cuyo objetivo es elevar a rango constitucional todos los tratados y normas internacionales de derechos humanos, además de fortalecer las capacidades nacionales y estatales para investigar y reparar casos de abusos y violaciones.

A la vez, los representantes diplomáticos mexicanos acompañaron al nuevo gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, quien expresó a la CIDH su interés en resolver casos de derechos humanos pendientes en su entidad, en un hecho calificado como casi sin precedente, en donde un gobierno estatal solicita presentar sus planes sobre el tema ante una entidad internacional (el primero fue el gobierno de Chiapas, hace un año).

El subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, en conferencia de prensa aquí, aseguró que los avances para consolidar en México mecanismos, normas y procedimientos en torno a los derechos humanos han cambiado de manera fundamental en los 12 años anteriores.

Interrogado acerca de la falta de impacto de todos estos avances en la investigación, fiscalización y enjuiciamiento de casos de violaciones de derechos humanos por elementos de las fuerzas de seguridad pública, Gómez Robledo afirmó que estos esfuerzos son de largo aliento y agregó que los casos que se investigan pueden parecer poco ante el volumen (de denuncias), pero esto es parte de un proceso de largo plazo que se realiza en una situación muy compleja, en referencia a la actual batalla contra el crimen organizado.

Invitó a que se comparen los esfuerzos de México con lo que ha ocurrido en circunstancias parecidas en otras latitudes, donde en situaciones parecidas, más bien se han cerrado las puertas a procesos para fortalecer en los ámbitos legislativo e institucional las normas y mecanismos para defender los derechos humanos y las garantías individuales.

Argumentó que el gobierno mexicano ha extendido invitaciones a organismos internacionales de derechos humanos a múltiples visitas (incluyendo la actual de un grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU) e incluso a instalar oficinas en el país, como es el caso del Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas. Gómez Robledo enfatizó que no sólo hay mayor rendición de cuentas, sino sobre todo mayor transparencia al abordar los temas de derechos humanos, incluyendo una apertura cada vez mayor de las instituciones castrenses en torno a este rubro. A la vez, hay más acceso que nunca a la información, nutriendo con ello una cada vez más activa participación e interlocución de la sociedad civil con las autoridades sobre derechos humanos.

Por estos avances, junto con las reformas constitucionales pendientes ante el Congreso y los estados, pronosticó que en los próximos años se verán los efectos concretos de todo esto, incluyendo la investigación y aplicación de la ley en cada vez más casos.

Gómez Robledo subrayó que ha habido cambios fundamentales, entre ellos el hecho que desde 2000 las violaciones de derechos humanos no son resultado de una política de Estado. Señaló que ante la situación complicada de la actual lucha contra el narcotráfico, se está haciendo todo para capacitar a las fuerzas de seguridad publica en torno a los derechos humanos, como también investigar y reparar violaciones que ocurren y con ello poco a poco construir un estado de derecho. Afirmó que el otro cambio en los pasados 12 años es la creciente participación de la sociedad civil, y que esta es el mejor garante de estos avances. Lo importante, sin evadir los problemas actuales, añadió, es ver hacia dónde apuntan las cosas con todos estos esfuerzos y logros.