n un mensaje transmitido en cadena nacional, el jefe del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, anunció ayer la renuncia de Arturo Chávez Chávez a la Procuraduría General de la República (PGR), cuya titularidad ejercía desde septiembre de 2009, y postuló para ese cargo a la actual subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Marisela Morales Ibáñez, quien tendrá que ser ratificada por el Senado.
La dimisión comentada es en sí misma una buena noticia, toda vez que el hasta ayer procurador federal carecía de la talla política y los atributos necesarios para encabezar la PGR –algo que incluso fue detectado por la legación diplomática estadunidense en nuestro país, que lo defionió como soldado de a pie
en uno de los cables filtrados por Wikileaks y reseñados por La Jornada–, y habida cuenta de que su arribo a Reforma 211 estuvo precedido por duros cuestionamientos sobre su trayectoria como procurador de Chihuahua, entre 1996 y 1998, durante el gobierno estatal del panista Francisco Barrio. Como señalaron en su momento representantes de la oposición, organizaciones humanitarias y activistas sociales, el desempeño de Chávez Chávez en la procuraduría estatal estuvo marcado por la negligencia, la insensibilidad y la omisión, particularmente grave, ante la ola de feminicidios que ya por entonces se abatía sobre Ciudad Juárez. Tales antecedentes, si bien no inhabilitaban legalmente al hoy ex procurador, sí lo incapacitaban política y moralmente para encabezar una dependencia federal que demanda profesionalismo, probidad y respeto al marco legal, y cuyo titular debe gozar de credibilidad, de respaldo social y de consenso.
A posteriori, el saldo del empeño de Felipe Calderón por imponer a Chávez Chávez en la PGR –a contrapelo del sentir de amplios sectores de la sociedad y de una parte del Legislativo– ha quedado en evidencia: durante el año y medio que duró su gestión, esa dependencia padeció, además de la persistencia de los vicios inveterados que acusa la procuración de justicia en el país, una disminución institucional de gran calado.
Un ejemplo paradigmático de lo anterior fue la decisión, adoptada por la PGR, de abandonar las pesquisas por el secuestro de Diego Fernández de Cevallos, ocurrido en mayo de 2010 en Querétaro. Tal determinación fue indicativa de una claudicación del Estado mexicano a la tarea fundamental de procurar justicia dentro del propio territorio; evidenció el supuesto compromiso de la actual administración con la vigencia de las leyes como un alegato meramente declarativo, y ahondó en la población el sentir generalizado de zozobra y de vacío de poder. Dicho vacío, por lo demás, se expresó con la profundización de la crisis de seguridad pública que vive el país, con el crecimiento exponencial en el número de muertes en el contexto de la guerra
contra el narcotráfico –que alcanzaron, durante la gestión de Chávez Chávez en la PGR, cifras de escándalo– y con la multiplicación de bajas colaterales
y ataques a los activistas de derechos humanos en todo el territorio, particularmente grave en la entidad natal del hoy ex procurador.
En suma, el aspecto más relevante del relevo anunciado ayer por Calderón Hinojosa es que con él se pone fin a un ciclo en que la PGR experimentó un deterioro mayúsculo en su credibilidad y autoridad moral, en el que brilló por su ausencia en el cumplimiento de sus tareas básicas, y en el que, por consecuencia, se agravaron significativamente la catástrofe de seguridad pública, el desgobierno, el descontrol y la impunidad que hoy privan en el país.
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