Los grupos parlamentarios de PRI y Partido Verde se encargaron de partidizar la revisión y vigilancia del gasto público, al imponer como titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), de la Auditoría Superior de la Federación, a Alejandro Romero Gudiño, quien durante el gobierno de Vicente Fox Quesada fungió como director general de Inspección Federal del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y se negó a responsabilizar a la Minera México de la explosión que provocó la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, Coahuila.

Ayer los diputados del Revolucionario Institucional enterraron el compromiso asumido la víspera con el resto de los grupos parlamentarios para ubicar a Edmundo Bernal al frente de la UEC.

En cuestión de horas la postura priísta cambio y retomó a Alejandro Romero Gudiño como candidato, a pesar de su cuestionable pasado como servidor público. Incluso con molestia el vicecoordinador del Partido Verde, Pablo Escudero, expuso: Ayer el presidente consejero del IFE, Leonardo Valdés Zurita se comunicó con diversos coordinadores parlamentarios para descalificar a Romero Gudiño, ¿qué le da facultad para hacer eso?

Y precisamente por eso el respaldo a Romero Gudiño creció entre priístas y verdes que no requerían de más adhesiones para hacer transitar esa propuesta en el pleno. El esfuerzo de la presidenta de la Comisión de Vigilancia, Esthela Damián, por convencer a la mancuerna de no partidizar la titularidad de la UEC, fue inútil.

La Unidad de Evaluación y Control constituye el único instrumento de control que tiene la Cámara de Diputados sobre la actuación de la Auditoría Superior de la Federación y es la garante de que todos, incluido el ente fiscalizador, estén sujetos al principio de rendición de cuentas. Por ello es de suma importancia que el nuevo titular de la UEC cuente con un perfil de especialización en el ramo de evaluación de la fiscalización superior, las finanzas públicas, normatividad y marco legal de la fiscalización y el análisis sectorial de la economía, entre otros. Que cuente con un perfil técnico, neutral y de objetividad evitando que sus evaluaciones y posturas sean sesgadas.

El diputado José Narro Céspedes denunció ante el pleno un episodio de la vida pública de Romero Gudiño: Nos parece preocupante que sobre una de las propuestas esté el velo de duda en cuanto a las responsabilidades que se hayan podido tener por los hechos lamentables de Pasta de Conchos... Por eso estamos pensando que no debe ir, es miembro de la terna... Proponemos nosotros, como fracción parlamentaria del PRD a Edmundo Bernal.

Durante la sesión de ayer, el presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, decretó dos recesos de cinco minutos para que los coordinadores parlamentarios acordaran el método de designación del nuevo titular de la UEC. El desacuerdo se originó por el carácter partidista de Alejandro Romero Gudiño, que fue impulsado con obstinación por la fracción tricolor.

Semanas atrás Esthela Damián y Pablo Escudero anunciaron que el proceso se enfocaría en seleccionar a los mejores candidatos, cuyo perfil profesional fuera garantía de conocimiento técnico en el ámbito del gasto en el sector público.

No obstante, el criterio imperante en el proceso de negociación fue la fuerza numérica del PRI en conjunto con el Partido Verde. La candidatura de Romero Gudiño ahondó la controversia porque su desempeño en el sector público (tanto en gobiernos priístas como en panistas) fue reprochado al estar asociado con uno de los sucesos ominosos durante el foxismo: la tragedia en la mina Pasta de Conchos.

En aquel hecho 65 mineros murieron enterrados en los túneles de la mina. El seguimiento gubernamental corrió a manos de Alejandro Romero Gudiño, quien se desempeñaba como director general de Inspección Federal del Trabajo. Su labor consistía en revisar la seguridad y condiciones generales de trabajo de los mineros.

El mismo personaje –en el mes de julio de 2007– se deslindó de sancionar a la empresa Minera México como responsable de la explosión provocada por un elevado almacenamiento de gas.

Por entonces los familiares de los mineros demandaban a la empresa de la familia Larrea rescatar los cuerpos de los 65 trabajadores. También, Francisco Salazar Sáenz, quien entonces era secretario del Trabajo (y ahora es vicepresidente de la Mesa Directiva por el PAN), defendió los intereses de la minera al justificar los argumentos de ésta en términos del alto costo que implicaría.

Para deslindarse de los efectos de la tragedia, Romero Gudiño solicitó al Foro Consultivo Científico y Tecnológico un dictamen para evaluar la situación física en que se encontraba la mina. Del resultado de esa evaluación dependería la búsqueda de los cuerpos.

El foro concluyó que era improcedente el rescate. Romero Gudiño había prestado con anterioridad sus servicios al Foro Consultivo. Ahora se encargará del trabajo de revisión del gasto público.

El resultado final de la votación en el pleno fue de 217 votos (del PRI y los verdes) en favor de Romero Gudiño; 199 por Edmundo Bernal, y uno por Leopoldo Garduño.